Con 65 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron, en la sesión plenaria de este lunes, enviar a la Fiscalía General de la República (FGR) el informe de la Comisión Especial que investigó la entrega de sobresueldos a exfuncionarios de Arena, FMLN y personas naturales vinculadas a ambos partidos políticos.
Son aproximadamente 600 exfuncionarios, que ocuparon puestos en el Gobierno Central, instituciones autónomas, semiautónomas, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, Fiscalía General y Corte de Cuentas, las cuatro últimas “para comprar impunidad y su silencio”, afirman los diputados de Nuevas Ideas en el informe.
Los hallazgos realizados por la mesa de trabajo, en 2021, revelan que las administraciones pasadas crearon un mecanismo ilegal para beneficiar con pagos adicionales a su salario a decenas de exfuncionarios de diferentes instituciones del Estado. El dinero también lo recibieron personas naturales, jurídicas y periodistas.
El Órgano Legislativo acordó remitir a la Fiscalía General de la República el informe que contiene toda la información recolectada por la comisión especial para que, de ser el caso, continúe las indagaciones e inicie acciones penales contra los señalados por el posible cometimiento de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho y evasión de impuestos.
Las averiguaciones indican que la entrega de estas bonificaciones ilícitas inició en los gobiernos de ARENA y el mecanismo fue perfeccionado por las administraciones del FMLN. Es decir, que los pagos adicionales comenzaron a realizarse en el quinquenio de Alfredo Cristiani y se mantuvieron hasta la gestión de Salvador Sánchez Cerén.
La propuesta para crear una comisión especial que indagara estos casos y se hiciera un acto de justicia para la población la presentó el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, a pocos días de haber iniciado la actual legislatura.
Ernesto Castro, destacó que el costo de la gobernabilidad que se dio en los gobiernos de Arena y del FMLN, le costó al país «el robo de hasta $30,000 mensuales por cada uno de los miembros de las cúpulas de ambos partidos».
“Estamos hablando de $360,000 en un año; y si se echaban los cinco años, asciende a $1,800,000. Libre de impuestos porque no los declaraban”, reiteró el diputado presidente.
“Como Asamblea hemos cumplido con lo que la ley nos faculta, esperamos que el trabajo de las autoridades siga profundizándose, porque aún hay mucho que investigar. Es hora de que por fin paguen los que hicieron de los fondos públicos una chequera para sus lujos y privilegios. Tienen que devolver lo robado y hasta ahí deben llegar las consecuencias”, afirmó Castro.
El parlamentario reprochó que seis gobiernos perfeccionaron un mecanismo de sustracción de dinero de los salvadoreños para su beneficio.
“Sin descaro, desfalcaron al Estado y lo dejaron en ruinas. Seguiremos legislando para que devuelvan este dinero y la justicia les alcance”, mencionó el diputado presidente.
Por su parte, el diputado William Soriano recordó que, el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2021, la comisión especial presentó dos avisos ante el Ministerio Público contra varios exfuncionarios, entre ellos el exgobernante Cristiani, por el posible cometimiento de delitos de corrupción.
“Los gobiernos del pasado se recetaban jugosos sobresueldos que eran extraídos de la partida secreta de los mandatorios en turno. A través de este perverso sistema, se enriquecieron con dinero del pueblo salvadoreño y dejaron de atender sus necesidades”, manifestó Soriano.
Su colega Jorge Castro, que presidió la comisión especial, aseguró que “con los sobresueldos se compraba impunidad”.
“Los sobresueldos se utilizaban para comprar gobernabilidad que solamente favorecía a los grupos de poder de ese entonces. Esto se hacía en complicidad con instituciones del Estado que debían velar por el buen uso de los recursos públicos. Ahora, esto ya cambió y el pueblo es el que brinda gobernabilidad”, expresó el legislador.
Mientras que la diputada Marcela Pineda detalló reprochó que el sistema creado para la entrega de remuneraciones ilegales fue heredado en los gobiernos de ARENA y perfeccionado por el FMLN, porque era una forma de capitalizar y extenderse a otras formas de corrupción.
“Qué diferente hubiese sido nuestro país si los jamás se hubieran atrevido a tocar un solo centavo del pueblo. Algunos los llamaron ‘salarios bonitos’, otros lo denominaron ‘estipendios’, otros se atrevieron a decir que eran bonificaciones y los más atrevidos y corruptos dijeron que todo era lícito, pero eso se acabó y ahora deben de pagar”, apuntó Pineda.
