Los diputados que integran la Comisión Política emitieron un dictamen a favor de la creación de la Ley Anticorrupción, de ser aprobada esta normativa por el Pleno Legislativo –en la próxima sesión plenaria- se establecerá un marco legal para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública.
Además, se actualizará las disposiciones sobre la determinación del patrimonio, estableciendo de manera articulada la colaboración entre las diversas instituciones estatales y se promoverá la cultura de la información para una efectiva contraloría social con el fin de lograr una mayor integridad en la función pública.
La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para esto se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio, indicó el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ante la mesa de trabajo.
De acuerdo a lo expuesto en la comisión, el Sistema estará integrado por 12 instituciones públicas: La Fiscalía General de la República (FGR), el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil (PNC), la Corte de Cuentas de la República (CCR), el órgano Judicial, el ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Comisión Nacional de Activos Digitales, el Centro Nacional de Registros (CNR), el ministerio de Obras Públicas y de Transportes (MOPT), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
“La normativa vendrá a proveer de herramientas de control, tanto para las instituciones que se crearán como para la ciudadanía, quienes podrán acudir a una instancia para procesar las denuncias contra los funcionarios o personas naturales o jurídicas que cometan delitos asociados a la corrupción”, dijo el legislador. “Será una herramienta legal, que ayudará a atacar a ese cáncer que ha atacado a nuestro país”, agregó.
El punto de vista del fiscal general
Los diputados recibieron al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, para conocer los puntos sobre la nueva ley y así brindar sus impresiones sobre la normativa.
“Este es un paso lógico en el desarrollo de toda una política que se viene implementando desde el año 2019. Esta ley complementaría los tratados internacionales en materia de prevención y combate a la corrupción que ha suscrito al Estado salvadoreño”, comentó Delgado ante los parlamentarios.
El funcionario recordó que durante la anterior gestión de la Asamblea Legislativa se aprobaron reformas al Código Procesal Penal, en el sentido de que los delitos de corrupción no prescriban, al menos de las figuras más relevantes.
También explicó que de forma paralela se han solicitado reformas al Código Penal, para que estas sean las herramientas que utilizará el sistema que se pretende crear en contra de la corrupción.
¿Qué amparará la Ley Anticorrupción?
El 29 de enero de este año, el Presidente Nayib Bukele envió a la Asamblea Legislativa la propuesta de la Ley Anticorrupción, lo que genera un paso fuerte y decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Entre los puntos más relevantes que se plasma en el documento recibido en la Comisión Política se encuentra la obligación de presentar, todos los años, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta por parte de los servidores públicos y a sus familiares.
Dicha declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos, por ende serán de carácter público.
El presidente también solicitó endurecer las penas para los delitos de corrupción y la creación de una nueva categoría de delito, sancionado con prisión, para castigar a los testaferros (a los prestanombres).
Además, para perseguir a los corruptos desde las auditorías se establecería un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR), con vínculo directo a la Fiscalía General de la República (FGR).
Otra solicitud plasmada en la propuesta es la creación de un Centro Nacional Anticorrupción, para realizar labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la FGR y este instituto contará con ventanillas de denuncia anticorrupción para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
Finalmente, dicho Centro tendrá acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de inmediato.
“Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país”, comentó en sus redes sociales el Presidente Bukele ante la temática.
En junio de 2023, el mandatario anunció que su Gobierno llevará a cabo una “guerra frontal” contra la corrupción e incluso señaló que se construirá una cárcel para “los corruptos”.