Por Fredy Ortiz.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), con el apoyo de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través del proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho en el Triángulo Norte de América Central, presentaron este 07 de julio la investigación denominada ¨Propuestas para fortalecer la independencia e integridad judicial en el Triángulo Norte de Centroamérica.
“Vamos a dar a conocer una investigación que recoge la situación de los países del Triángulo Norte respecto a la independencia e integridad judicial. Una de las cosas que destacamos en la investigación es que hay serios retrocesos en la región respecto a garantizar la independencia e integridad judicial, lo cual se traduce en la vulnerabilidad de los derechos de la población y en la posibilidad de que se use arbitrariamente el poder derivando en hechos incluso de corrupción”, explicó el director de Acceso a la Justicia de FESPAD, Héctor Carrillo.
Así mismo expresaron sentir preocupados por la situación en el país principalmente porque en este momento no hay instancias de control del ejercicio del poder que garantice los derechos de la población. “En ese sentido estamos presentando una serie de propuestas para que sean tomadas tanto por las instancias del Estado como de la población en general”, agregó Carrillo.
Entre las propuestas que presentan están que tanto las instancias del Estado como la sociedad civil pongan atención a los procesos que se están dando para nombrar a magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en general, ya que los perfiles elegidos de los treinta candidatos no son los mejores.
Dentro de las propuestas también esta el hecho de que la sociedad civil pueda conformar un observatorio que le dé seguimiento al tema de independencia e integridad judicial y que sirva de referente tanto a instancias nacionales como internacionales respecto a la situación de El Salvador y que eventualmente pueda activar mecanismos de protección para jueces o juezas que vean amenazados su independencia e integridad judicial.
También proponen revisar la distribución de atribuciones de la Corte Suprema y el presidente de la corte en virtud de que hay demasiada concentración de funciones tanto administrativas como disciplinarias y jurisdiccionales.
Carrillo, además expresó que el Estado de Derecho, “si lo pudiéramos calificar de alguna manera está en cuidados intensivos, tenemos un Órgano Ejecutivo que controla a la Asamblea Legislativa, que controla a la fiscalía general de la República, un Órgano Ejecutivo que también ya tiene podemos afirmarlo diez votos en la Corte plena porque han elegido a diez magistrados por la actual Asamblea Legislativa y tenemos un Ejecutivo que también tiene serios problemas respecto a respetar las instancias de control social del ejercicio”.
Para la investigación explicaron que la metodología que se utilizó implicó la realización de entrevistas y grupos focales en los tres países. En el caso de El Salvador se desarrollaron treinta entrevistas a profesionales a profesionales del derecho, periodistas, académicos y de organizaciones de la sociedad civil que litigan casos de violaciones a derechos humanos ante el sistema judicial.
