La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia aprobó un dictamen favorable para reformar el Código Penal con el fin de aumentar las penas de prisión para delitos como homicidio, robo, estafa y hurto. Estas modificaciones buscan fortalecer la seguridad en el país mediante sanciones más severas.
Los parlamentarios acordaron incrementar la pena para el delito de homicidio simple, pasando de los actuales 15 a 20 años de prisión a un nuevo rango de 20 a 26 años. Asimismo, la privación ilegal de la libertad será castigada con entre 3 y 8 años de cárcel. Quienes cometan violencia enfrentarán penas de 10 a 16 años, mientras que la violación de menores será sancionada con entre 18 y 26 años de prisión.
En cuanto al hurto, la pena será de 6 a 8 años si el valor del bien hurtado supera los $22.85. El hurto agravado de bienes pertenecientes a instalaciones de servicios públicos o científicos será castigado con entre 10 y 15 años de prisión, la misma pena que se aplicará si un funcionario público está involucrado. El hurto de vehículos o de sus partes también será sancionado con 10 a 15 años de cárcel.
Robo y estafa
El robo de inmuebles mediante violencia tendrá penas de entre 10 y 20 años, mientras que el robo agravado será castigado con entre 20 y 30 años. El uso ilícito de vehículos automotores será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión.
Por su parte, la estafa será penalizada con entre 5 y 8 años de prisión si el monto defraudado supera los $22.85. Esta misma pena aplicará para quienes realicen operaciones fraudulentas con tarjetas de crédito o débito. En casos de estafa agravada, la sanción será de entre 8 y 15 años de cárcel si el fraude excede los $10,000 o afecta a 10 o más personas.
Reformas al Código Procesal Penal
Durante la misma sesión, la Comisión aprobó reformas al Código Procesal Penal para evitar que los acusados utilicen prácticas dilatorias y evadan la justicia. Con estas modificaciones, la detención provisional no podrá exceder los 12 meses para delitos menores ni los 24 meses para delitos graves, salvo en casos de peritajes complejos, conflictos de competencia o procesos de extradición.
Asimismo, se dictaminó a favor de establecer la responsabilidad civil de los condenados en procesos penales, garantizando el derecho de las víctimas. Para la investigación del delito de administración fraudulenta, se exigirá una auditoría contable que demuestre el ilícito, salvo que la víctima justifique la imposibilidad de obtenerla.
Estas reformas buscan garantizar la justicia y reforzar la lucha contra el crimen en El Salvador.