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EEUU—A partir de este viernes 11 de abril de 2025, entra en vigor una nueva normativa en Estados Unidos que exige a todos los extranjeros mayores de 14 años, que permanezcan en el país por más de 30 días, registrarse de manera obligatoria ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Esta medida, derivada de la Orden Ejecutiva 14159 firmada por el presidente Donald Trump el pasado 20 de enero, ha sido presentada por el gobierno como una herramienta para reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Sin embargo, ha despertado una ola de preocupación en organizaciones de derechos humanos, abogados migratorios y comunidades extranjeras en EE.UU.
El registro debe completarse de forma electrónica a través del portal oficial del USCIS. Los migrantes deberán llenar el Formulario G-325R con información personal detallada y, posteriormente, presentarse a una cita para la toma de huellas dactilares, fotografía y firma en un centro autorizado.
Una vez concluido el proceso, los extranjeros recibirán un “Comprobante de Registro de Extranjero”, documento que deberán portar en todo momento como prueba de cumplimiento.
Esta nueva obligación aplica a la mayoría de los extranjeros, incluyendo turistas, estudiantes, trabajadores temporales y personas en situación irregular, salvo ciertas excepciones como los residentes permanentes legales o los beneficiarios de programas como DACA, TPS, asilo, refugio o parole humanitario.
La normativa también impone la obligación de notificar cualquier cambio de domicilio dentro de los 10 días posteriores al mismo, mediante un trámite digital ante USCIS. Esta disposición, aunque administrativa en apariencia, puede convertirse en una trampa burocrática para quienes viven en condiciones precarias o con alta movilidad, ya que la falta de actualización de dirección podría ser interpretada como una violación de las leyes migratorias.
El gobierno ha advertido que el incumplimiento de este registro podría acarrear sanciones severas, como multas de hasta 5,000 dólares, detenciones de hasta seis meses y la posibilidad de ser sometido a procesos de deportación.
Además, los migrantes no podrán utilizar documentos de identificación locales, como licencias de conducir, como prueba de estatus migratorio. Solo serán válidos los documentos emitidos por el USCIS, lo cual podría afectar a millones de personas que actualmente residen en EE.UU. sin una situación migratoria regularizada.
Diversas organizaciones han cuestionado la constitucionalidad y la ética de esta medida, señalando que representa una forma de vigilancia masiva que podría utilizarse para facilitar detenciones y deportaciones a gran escala.
El Centro Nacional de Leyes de Inmigración ha recomendado a las personas en situación migratoria irregular que consulten con un abogado especializado antes de iniciar el proceso, ya que el registro no otorga ningún estatus legal ni protege contra futuras acciones migratorias del gobierno.
Aunque el gobierno de Trump ha defendido la medida como un acto de transparencia y orden administrativo, críticos la comparan con políticas pasadas de discriminación racial y control social, advirtiendo que podría generar un efecto intimidatorio entre las comunidades migrantes y afectar negativamente su acceso a servicios básicos, como educación y salud, por temor a ser detectados y deportados.
La implementación de esta normativa marca un punto de inflexión en la política migratoria estadounidense, reavivando un debate polarizado sobre el papel del control migratorio, la vigilancia estatal y los derechos civiles de los no ciudadanos en el país.
A medida que el sistema entra en funcionamiento, tanto el impacto práctico como las batallas legales que puedan surgir determinarán su permanencia y alcance.