El Ministerio Público de Guatemala ha solicitado retirar la inmunidad de tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluida la presidenta del organismo, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y la implementación de resoluciones que habrían violado la Constitución.
La Fiscalía de Delitos Administrativos ha pedido la medida contra la presidenta del TSE, Irma Palencia; al juez Mynor Custodio Franco; y al magistrado suplente Álvaro Ricardo Cordón, en respuesta a una denuncia fechada el 13 de marzo de este año.
Esta solicitud responde a la decisión de avalar la inscripción del político Manuel Baldizón –condenado por lavado de dinero en EEUU–, aunque finalmente quedó fuera de la contienda electoral. La Fiscalía considera que los magistrados tenían pleno conocimiento de que no cumplía con los requisitos constitucionales, por lo que piden poder iniciar las investigaciones y establecer si existe la comisión de hechos constitutivos de delito.
DENUNCIAS DE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN
Ante esta medida, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea ha denunciado que el personal de la máxima autoridad electoral está siendo «acosado» por parte del Ministerio Público y ha mostrado su preocupación por las solicitudes de retirar la inmunidad a los tres magistrados.
«Con independencia del origen de los casos, las solicitudes del MP se producen mientras las juntas electorales departamentales realizan las audiencias de revisión de escrutinios de la elección presidencia del pasado 20 de agosto, paso previo a la oficialización de sus resultados por parte del TSE», reza un comunicado del MOE de la UE.
Así, la misión ha remarcado, tal y como indicó tras los comicios, que «las interferencias en el proceso electoral que busquen criminalizar a la autoridad electoral amenazan el derecho y la oportunidad de participar en elecciones auténticas y el respeto a la voluntad de los votantes expresada inequívocamente en las urnas».
«A este acoso se le unen la persecución, hostigamiento e intimidación intolerables contra los más de 125.000 ciudadanos y ciudadanas de Guatemala que ejercieron un compromiso ético y democrático con su país como miembros de juntas receptoras de votos, revisores o digitadores, cuyos nombres fueron solicitados (…) sin que se conozcan los motivos», ha criticado la MOE.
En esta misma línea, la MOE de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha expresado su preocupación por la petición de información sobre los miembros de estas juntas, reiterando que la estabilidad democrática en el país ha estado bajo «presión intensa y constante» con «intervenciones por parte de distintos actores que buscaron desconocer, retrasar o revertir la oficialización de resultados; intimidar a los órganos electorales y al personal técnico contratado para el proceso, desinformar y plantar dudas en la población donde no existían razones para la sospecha, y en general, deslegitimar y erosionar el proceso democrático».
La MOE de la OEA ha subrayado que esta situación ha generado «un ambiente de confusión e incertidumbre jurídica» y ha recordado que «la extrema judicialización del proceso ha colocado a la democracia en Guatemala en una zona de riesgo que no se merecen las y los ciudadanos de ese país».
