El Alto Comisionado de DDHH de la ONU denuncia el «acoso e intimidación contra funcionarios electos», incluido Arévalo.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, suspendió el domingo su gira internacional por los recientes registros de funcionarios del Ministerio Público guatemalteco a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Tuvimos que alterar el viaje dada la situación que se ha dado con este asalto descarado por parte del Ministerio Público, realmente un golpe de Estado en proceso», ha declarado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.
Arévalo, que ha pedido a la población «mantenerse pendientes de los pasos a seguir», ha abogado por la unión de los guatemaltecos, «activos y fuertes» ante la «defensa de cada uno de los votos, de la democracia, de la Constitución».
Además, ha explicado que en la víspera, cuando se reunió con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comenzaron «a trazar las líneas de cooperación bilateral», en un encuentro que ha calificado de «excelente».
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha mostrado su «profunda preocupación» por las acciones «de las autoridades judiciales» que «parecen» buscar «la socavación del resultado del proceso electoral en Guatemala».
«Estos acontecimientos son los últimos de una larga lista de acciones muy preocupantes tomadas en las últimas semanas que, en conjunto, parecen diseñadas para socavar la integridad del proceso electoral y el Estado de derecho en general», ha sostenido Turk.
En este sentido, ha remarcado que «los informes de acoso e intimidación contra funcionarios electorales y funcionarios electos, incluidos el presidente y la vicepresidenta –Karin Herrera– electos, son especialmente inquietantes».
Así, Turk ha hecho un llamamiento a «todas las autoridades guatemaltecas para que se abstengan de cualquier nuevo intento de desafiar la voluntad del voto popular»: «Insto a todas las autoridades a respetar el Estado de derecho y a salvaguardar la democracia», ha zanjado.
Además, Estados Unidos y España han mostrado su oposición. Washington ha anunciado restricciones de visados a aquellos individuos que estén relacionados con la socavación de la democracia en el país centroamericano, al entender que las acciones de la Fiscalía han sido la continuación de otros intentos de «despojar de su inmunidad» a funcionaros electorales del TSE.
Mientras, el Gobierno español ha exigido el cese del «persistente cuestionamiento por parte del Ministerio Público de los pronunciamientos oficiales tanto de los órganos competentes sobre el proceso electoral guatemalteco como los realizados por las distintas Misiones de Observación Electoral que declararon la limpieza de los comicios observados».
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dependiente del Ministerio Público, registró el viernes la sede del TSE, donde incautó las actas de las elecciones presidenciales, acción que ha provocado el rechazo de diversas organizaciones civiles, desde la Conferencia Episcopal a cantones comunales indígenas, que han pedido la dimisión de los responsables, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana.
Desde que el Movimiento Semilla del candidato Bernardo Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
