El organismo afirma que no tiene facultades para anular los resultados electorales
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, advirtió de que en caso de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, y su ‘número dos’, Karin Herrera, no tomen posesión el próximo 14 de enero habrá «rompimiento del orden constitucional».
«Los resultados están validados. Los resultados están oficializados y son inalterables», indicó en una rueda de prensa, agregando que el organismo no tiene facultades para anular las elecciones salvo que haya una sentencia en firme de la Corte de Constitucionalidad.
En este sentido, ha afirmado que las actas son rellenadas por los miembros de las juntas. «No los llenamos ningún magistrado. El personal administrativo del Tribunal Supremo Electoral no puede de ninguna manera estar dentro de una junta municipal», explicó .
Alfaro también ha resaltado que «la población de Guatemala está cansada de percepciones». «Queremos agradecer una vez más a los ciudadanos y a las ciudadanas que acudieron a las urnas, que emitieron su voto, de manera libre», menciona.
El TSE dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, cuyo partido, el Movimiento Semilla, está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos de lavado de dinero.
Las declaraciones de Alfaro se producen después de que la Fiscalía de Guatemala haya asegurado que, tras una investigación, se han hallado ciertas irregularidades en las actas 4 de las últimas elecciones, por lo que los resultados de los comicios deberían ser «nulos».
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, afirmó que notifcarían al TSE sobre sus hallazgos con respecto a las actas de las elecciones, si bien dejó a discreción del organismo qué pasos tomar tras su investigación.
Asimismo, la Fiscalía ha vuelto a pedir este viernes la retirada de la inmunidad de Arévalo debido a la «violación de la normativa electoral», fundamentalmente por irregularidades en los ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de varios recibos que quedaron sin identificar.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha condenado en un comunicado el «intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala» después de las declaraciones de la Fiscalía.
La expresidenta del TSE Irma Palencia denunció, tras salir del país al perder su inmunidad, una «persecución política» contra el organismo con el fin último de alterar los resultados de las elecciones en las que ganó Arévalo.
El Congreso dio ‘luz verde’ a retirar la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, entre ellos la ya expresidenta del órgano, en el marco de una investigación contra el organismo por la compra fraudulenta de un programa informático.
La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales, pese a que había otra oferta menor «que hubiera permitido ahorrar 34 millones».
Con respecto al partido Semilla, el Ministerio Público defiende que habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
