El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer su postura a través de un comunicado dado a conocer por la embajada en El Salvador, por la decisión del pasado 22 de diciembre de emitir órdenes de arresto contra ex diputados miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993: Rubén Ignacio Zamora Rivas, Luis Roberto Angulo Samayoa, Raúl Antonio Peña Flores y Raúl Manuel Somoza Alfaro, así como contra el ex presidente Alfredo Félix Cristiani.
Según el escrito, «las víctimas de la masacre de El Mozote merecen justicia después de 42 años. Lamentablemente, esta sentencia no ayuda a ese objetivo».
“gobierno de Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la decisión tomada el pasado 22 de diciembre por un tribunal de instrucción de emitir órdenes de arresto contra ex diputados miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993: Rubén Ignacio Zamora Rivas, Luis Roberto Angulo Samayoa, Raúl Antonio Peña Flores y Raúl Manuel Somoza Alfaro, así como contra el ex presidente Alfredo Félix Cristiani.
El tribunal alega que, al establecer la Ley de Amnistía de 1993, aprobada por la Asamblea Legislativa, estos individuos protegieron a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad durante la masacre del cantón El Mozote y lugares aledaños.
La masacre de El Mozote ocurrió en diciembre de 1981, cuando las fuerzas militares asesinaron aproximadamente a 1,000 pobladores, entre ellos mujeres y niños. Las víctimas de la masacre de El Mozote merecen justicia después de 42 años. Lamentablemente, esta sentencia no ayuda a ese objetivo”, se detalla en el comunicado.
El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera giró órdenes de captura alegando delito de encubrimiento personal en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños hacia los exfuncionarios.
Diferentes organizaciones sociales se pronunciaron la mañana de este martes 26 de diciembre sobre el caso particular del exembajador y líder de organizaciones sociales, Rubén Zamora, de lo cual consideran que es una persecución política y que no existe un «asidero legal» para llevarla a cabo.
