Un total de 30 personas, entre empleados del Viceministerio de Transporte (VMT), dueños de escuelas de manejo y empresas examinadoras, enfrentaron el martes una audiencia de imposición de medidas en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), entre 2023 y 2025, los implicados operaban en los alrededores de SERTRACEN, donde cobraban entre $800 y $1,000 para alterar los resultados de pruebas reprobadas y agilizar la obtención de licencias de conducir. Entre los beneficiados por estos sobornos había personas que no sabían leer ni escribir y que no se sometieron a los exámenes requeridos por la ley.
A los acusados se les imputan los delitos de falsedad ideológica, cohecho propio, cohecho activo, incumplimiento de deberes, estafa informática, uso y tenencia de documentos falsos, falsedad documental agravada y agrupaciones ilícitas.
El pasado 19 de febrero, la FGR allanó las instalaciones del VMT en San Miguel y San Salvador, como parte de la investigación que involucra a tres escuelas de manejo (López, Génesis y Shalom), la examinadora Escoprond y tramitadores independientes.
Tras el operativo, la Fiscalía giró 28 órdenes de captura y presentó la solicitud de imposición de medidas contra los 30 implicados, de los cuales 24 están bajo custodia y seis son procesados en ausencia gracias a las recientes reformas del Código Procesal Penal.
En respuesta a estos hechos, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte anunció que los inspectores del VMT reforzarán la supervisión de las escuelas de manejo para garantizar el cumplimiento de los nuevos requerimientos de operación.