San Salvador
Con la entrada en vigencia del “Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva”, ordenado por la Fiscalía General de la República en relación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF), todas las empresas en El Salvador tienen hasta el 31 de diciembre de 2023 para nombrar a su auditor externo.
Según lo explicó Zoltán Rodas, Senior Manager de Servicios Forenses y de Integridad de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, el instructivo UIF versión 2, mencionaba que los sujetos obligados (todas las empresas) debían nombrar a los auditores en esta materia antes del 31 de julio de 2023; sin embargo, con la extensión del plazo que se indicó en la versión 3, este tema se deja abierto, entendiéndose que las mismas podrán nombrarlo hasta el 31 de diciembre de este año, fecha de cierre de las auditorías.
El instructivo UIF es el documento guía que las empresas deben adoptar para su programa
de cumplimiento y al mismo tiempo, los auditores deben basarse en este para la revisión en
cada caso.
Este instructivo dicta que los sujetos obligados deben cumplir con las normativas relacionadas a la regulación antilavado de dinero en El Salvador (Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos y Ley Especial Contra Actos de Terrorismo) con el fin de evitar actividades relacionadas a esto, así como prevenir ser involucrado o utilizado involuntariamente en estas actividades.
De acuerdo con el experto de EY, la normativa de la Ley en su artículo 9 establece la
obligación de que todo tipo de compañía con independencia de su sector de operación,
tamaño y cantidad de empleados, debe crear una oficina de cumplimiento y designar un oficial de cumplimiento como área encargada dentro del Sujeto Obligado y nombrar la firma auditora con la que trabajarán de la mano en este tema.
“Dado que el periodo para cumplir con este requisito se agotaba en julio pasado, algunas
empresas ya han comenzado a trabajar en esta materia, pero al resto le queda un periodo
menor a cinco meses para que puedan iniciar con el trabajo que corresponde en este tema”,
apuntó el representante de la firma.
Según lo han apuntado expertos de EY, debido a que las prácticas de lavado de dinero y del
financiamiento del terrorismo son un riesgo latente, las leyes y regulaciones se han fortalecido y los esfuerzos de los reguladores se han orientado a prevenir y combatir dichas prácticas.
EY cuenta con un equipo de profesionales experimentados en la prevención de crímenes
financieros y certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) y la Association of
Certified Fraud Examiners (ACFE), quienes cuentan con un amplio conocimiento en
prevención de lavado de dinero y fraude, análisis de riesgos, investigación y cómputo forense, que puede apoyar a las diferentes organizaciones en el desarrollo de un programa sólido y efectivo de Prevención de Lavado de Dinero.
“En EY contamos con la experiencia para seguir los procedimientos regulados en el Instructivo en cuanto a detección de operaciones inusuales, conocimiento de clientes, control de alerta, emisión de reporte de actividades inusuales y determinación de transacciones sospechosas”, finalizó el experto de EY.
