El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una nueva prórroga, de 18 meses, del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) del que gozan los migrantes venezolanos en suelo estadounidense, ya que considera que no hay aún garantías suficientes en Venezuela.
La medida se aplica a todas aquellas personas que hayan llegado a Estados Unidos antes del 31 de julio, lo que actualmente abarca a más de 242.000 venezolanos. Sin embargo, las autoridades norteamericanas estiman en unos 472.000 los potenciales beneficiarios.
«El estatus proporciona a los individuos que ya en están Estados Unidos protección frente a la expulsión si las condiciones en su país de origen impiden un retorno seguro», ha explicado el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
En este sentido, ha advertido de que los venezolanos deben también «entender» que «quienes hayan llegado después del 31 de julio de 2023 no tienen derecho a la protección», lo que implica que «serán expulsados si no tienen una justificación legal para quedarse» en territorio estadounidense.
Venezuela fue precisamente uno de los temas tratados por los presidentes de Estados Unidos y de Brasil, Joe Biden y Luiz Inácio Lula da Silva, en la reunión mantenida el miércoles, en la que abogaron por «restaurar la democracia» mediante «acciones concretas», según un comunicado de la Casa Blanca.
Washington aspira a que pueda haber «elecciones libres y justas», para lo cual no descarta un posible «alivio de las sanciones» contra el chavismo.
