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Guatemala–El Gobierno de Guatemala trasladó al Ministerio Público (MP) el informe elaborado por el Ministerio de la Defensa Nacional sobre los hechos ocurridos el 27 de septiembre en el municipio de Huité, Zacapa, donde ocho personas murieron en distintos puntos de la localidad.
El presidente Bernardo Arévalo informó el jueves 8 de octubre que las averiguaciones administrativas concluyeron y que el documento fue remitido para incorporarlo a las diligencias judiciales, con el propósito de esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades que correspondan.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas y con los habitantes de Huité, al señalar que el Estado tiene la obligación de garantizar la verdad y la justicia.
El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, detalló que el informe interno establece que el despliegue de efectivos y vehículos militares tenía como objetivo instalar puestos de registro y control en los principales accesos al casco urbano de Huité.
Según las conclusiones de la investigación administrativa, los militares escucharon posteriormente detonaciones de arma de fuego, aunque en ese momento no habían identificado una amenaza ni establecido el origen de los disparos.
Ante esa situación, el personal realizó disparos de advertencia, descritos por la institución como disuasivos y controlados. El documento también indica que los efectivos optaron por no ingresar en un enfrentamiento armado, con el argumento de evitar una escalada de violencia.
Sin embargo, estas conclusiones corresponden a una investigación interna del Ejército y no constituyen una determinación judicial sobre lo ocurrido. Corresponderá al Ministerio Público contrastar la información y establecer si existen responsabilidades penales.
Como parte de las medidas adoptadas tras los hechos, las autoridades confirmaron el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, José Giovani Martínez Milián, y del comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa, Erwin Constanza Hidalgo.
En sustitución de Martínez Milián asumió el general de brigada Moisés Alexander López López, según informó el Ministerio de la Defensa.
Arévalo aclaró que los cambios de mando son decisiones administrativas y no representan una conclusión judicial sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
Además, el Ejecutivo ordenó concentrar en las instalaciones de la Segunda Brigada de Infantería a los integrantes de la unidad militar relacionada con el caso.
De acuerdo con Sáenz, los 107 efectivos permanecen a disposición del Ministerio Público junto con sus armas y equipo, para facilitar las diligencias que las autoridades consideren necesarias.
El caso también está relacionado con una denuncia presentada el 7 de octubre por el coronel de infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez, quien solicitó investigar al ministro de Defensa, Henry Sáenz, y al entonces jefe del Estado Mayor, José Giovani Martínez Milián.
La denuncia plantea posibles responsabilidades por los hechos de Huité y menciona la eventual participación de integrantes del Batallón Especial de Interdicción y Respuesta (BEIR). Entre las hipótesis expuestas figura la posible comisión de delitos, incluida la ejecución extrajudicial, extremos que deberán ser investigados y comprobados por las autoridades competentes.
La Fiscalía confirmó que recibió la denuncia, mientras que la investigación judicial sobre los sucesos permanece bajo reserva. Por ello, no existe una determinación definitiva sobre las circunstancias de las muertes ni sobre la responsabilidad individual de los involucrados.
El presidente Arévalo indicó que el informe no fue clasificado por razones de seguridad nacional, aunque su acceso queda sujeto a las disposiciones de reserva que establezcan las autoridades judiciales.
El Ministerio de la Defensa también deberá preservar los documentos y registros relacionados con el caso, colaborar con las diligencias y desarrollar los procedimientos administrativos y disciplinarios que correspondan, con respeto al derecho de defensa.
La investigación queda ahora bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que deberá analizar las pruebas disponibles, esclarecer lo ocurrido en Huité y determinar si procede presentar cargos contra alguna de las personas involucradas.