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ElSalvador–El Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de amnistía fiscal que permitiría a los contribuyentes regularizar deudas tributarias, aduaneras y multas pendientes, mediante la exoneración de intereses, recargos y otros cargos contemplados en la normativa.
La iniciativa, denominada Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas, fue recibida por el pleno legislativo y remitida a la Comisión de Hacienda, que prevé estudiar el proyecto el lunes 19 de octubre.
De acuerdo con la propuesta, el beneficio estaría vigente desde su publicación en el Diario Oficial hasta el 11 de diciembre de 2026.
El proyecto establece que los contribuyentes podrán solicitar facilidades de pago para saldar sus obligaciones pendientes en un plazo de nueve cuotas mensuales. La primera correspondería al 10 % de la deuda, mientras que el resto se distribuiría en ocho pagos sucesivos.
Los planes también podrían aplicarse a multas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones formales. La Dirección General de Tesorería tendría la facultad de autorizar los acuerdos y renovarlos cuando existan circunstancias que lo justifiquen.
La propuesta contempla a personas con obligaciones pendientes ante la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas. También incluye casos en procesos judiciales, contencioso-administrativos o constitucionales, así como expedientes en la Fiscalía General de la República y procedimientos de cobro judicial.
La amnistía también abarcaría multas de tránsito pendientes y recargos por sanciones impuestas por instituciones de la administración pública, con excepción de las municipalidades.
En el caso de las infracciones de tránsito, los beneficiarios podrían quedar exentos de intereses, recargos y mora, pero tendrían que pagar el monto original de la multa.
El proyecto incluiría, además, obligaciones tributarias que no fueron canceladas dentro del plazo correspondiente, incluso cuando el Número de Pago Electrónico (NPE) haya vencido. También contempla determinadas declaraciones tributarias o de mercancías pendientes de liquidación o presentación.
La normativa tomaría en cuenta las multas impuestas hasta el 30 de septiembre de 2026 y otros compromisos comprendidos en los períodos establecidos por el decreto.
La iniciativa establece que el incumplimiento de alguna de las cuotas acordadas podría provocar la suspensión de las facilidades y la reactivación de los intereses, recargos o multas dispensados, conforme a las condiciones previstas en la ley.
Esta sería la séptima amnistía fiscal consecutiva propuesta o aprobada desde 2020, según los antecedentes legislativos citados en los reportes sobre la iniciativa.
En años anteriores, estas medidas permitieron al Estado recuperar recursos por obligaciones pendientes. Entre las cifras reportadas figuran $140 millones en 2021, $131.3 millones en 2022, $102 millones en 2023 y $105 millones en 2024.
La nueva propuesta aún debe pasar por el estudio legislativo correspondiente para determinar si será aprobada y bajo qué condiciones entraría en vigor.