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ElSalvador–El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para endurecer las sanciones contra conductores sin autorización y propietarios de unidades de transporte público y de carga que permitan manejar a personas sin la licencia correspondiente. La propuesta también busca impedir que estos casos concluyan mediante conciliaciones.
La iniciativa contempla reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, con el objetivo de establecer nuevas responsabilidades para quienes conduzcan vehículos de transporte sin los permisos requeridos y para quienes autoricen esa práctica.
Prisión para conductores sin licencia
Una de las modificaciones plantea imponer penas de entre dos y cinco años de prisión a los conductores de transporte público de pasajeros y de carga que manejen sin la licencia o autorización correspondiente, incluso cuando su conducta no haya generado un peligro concreto para una persona determinada.
El proyecto también propone aumentar las sanciones por conducción peligrosa cuando esta provoque lesiones o la muerte de una persona. En esos casos, las penas máximas alcanzarían los 10 años de prisión para conductores de vehículos automotores particulares y hasta 15 años para quienes conduzcan unidades de transporte público o de carga.
La propuesta establece penas de cinco a 10 años de prisión para los propietarios, poseedores o encargados de vehículos de transporte colectivo de pasajeros o de carga con capacidad de ocho toneladas o más que permitan conducirlos a personas sin la licencia requerida.
Si como consecuencia de esa autorización se producen lesiones u homicidios culposos, la pena para los propietarios o responsables aumentaría en una tercera parte, según el proyecto presentado.
De esta manera, la iniciativa busca extender la responsabilidad penal más allá del conductor y alcanzar también a quienes faciliten la operación de las unidades sin verificar que la persona al volante cuente con los permisos legales.
Otro de los cambios propuestos consiste en prohibir la conciliación, la mediación y la reparación integral del daño como mecanismos para extinguir la acción penal o concluir anticipadamente los procesos relacionados con estos supuestos.
Las modificaciones al Código Procesal Penal también buscan impedir la conciliación en casos de lesiones culposas cometidas mediante vehículos automotores, homicidios y lesiones culposas derivados de la conducción peligrosa, así como en situaciones vinculadas con la autorización de conductores sin licencia para unidades de transporte público o de carga.
No obstante, la iniciativa establece que tanto los conductores como los propietarios o responsables de los vehículos deberán responder civilmente por los daños, las lesiones o las muertes que ocasionen.
El proyecto de reformas ingresó al pleno de la Asamblea Legislativa el miércoles 14 de octubre y fue remitido a la Comisión de Seguridad Nacional, que tiene previsto analizarlo el martes 20 de octubre a las 2:00 de la tarde.
Las medidas aún forman parte de una propuesta legislativa, por lo que su aplicación dependerá del proceso de discusión y aprobación correspondiente.