El rector de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, ha denunciado las detenciones «de inocentes» y las «torturas» a los presos bajo el régimen de excepción impuesto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir el crimen organizado y las pandillas. Hasta 191 personas han muerto en las cárceles bajo custodia estatal.
«Les diría a nuestras autoridades, a los policías y soldados: Está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley y no se lleven presos a personas inocentes sin pruebas de que hayan cometido algún delito, no denuncien falsamente, no actúen con violencia ni maltraten a su pueblo», dijo el sacerdote barcelonés.
«No sigan torturando a los privados de libertad, no los traten con violencia, trátenlos con el respeto que merecen como personas que son, no permitan que sigan muriendo en las cárceles, sean compasivos y misericordiosos con sus familias y con sus madres e informen oportunamente de la salud y el paradero de sus hijos», añadió.
Oliva ha aprovechado el acto en recuerdo del asesinato de seis jesuitas y dos colaboradores en 1989 por militares durante la guerra civil de 1980-1992. Cinco eran españoles: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo.
Oliva ha reprochado además el gasto en «propaganda mentirosa», como el certamen Miss Universo a celebrarse en el país la próxima semana. «A nuestro presidente, le diría: no busque su propio interés, no se deje llevar por la ambición y por el deseo de acrecentar su fama con propaganda mentirosa gastando millones de dólares en ello, con concursos de belleza que cuestan millones de dólares, mientras hay tanta gente que pasa hambre en su país», dijo.
El pasado martes la Asamblea Legislativa salvadoreña prorrogó por vigésima ocasión el estado de excepción, piedra de toque del proyecto de seguridad de Bukele y que ha permitido la detención de 73.800 presuntos miembros de pandillas.
Sin embargo, diversas organizaciones de Derechos Humanos han cuestionado el régimen de excepción por suprimir las garantías constitucionales y permitir arrestos sin mediar órdenes judiciales.
