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EEUU–Una jueza federal ordenó al gobierno de Trump detener las redadas migratorias que, según organizaciones civiles, se estaban llevando a cabo de manera indiscriminada en siete condados del sur de California, incluida la ciudad de Los Ángeles.
La decisión responde a una demanda presentada por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes acusan a las autoridades federales de realizar detenciones sin órdenes judiciales, negar el acceso a representación legal y basar sus operativos en criterios raciales.
Entre los demandantes hay tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos, según la denuncia, fue retenido pese a haber mostrado su identificación.
La jueza Maame E. Frimpong también emitió una segunda orden que prohíbe al gobierno federal impedir el ingreso de abogados al centro de detención de inmigrantes ubicado en el centro de Los Ángeles, conocido como “B-18”.
Las medidas judiciales se producen tras una audiencia en la que se alegó que el gobierno estaba violando las protecciones constitucionales establecidas en la Cuarta y Quinta Enmiendas. Los incidentes denunciados incluyen arrestos en lavaderos de autos, estacionamientos de tiendas Home Depot, mercados de intercambio y otras áreas públicas donde los agentes detenían a personas “por parecer hispanos”, según testigos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó haber actuado por motivos raciales. Tricia McLaughlin, subsecretaria de la institución, calificó como “repugnantes y categóricamente falsas” las acusaciones, y aseguró que los operativos se realizan de manera selectiva y con apego a la ley.
Durante la audiencia, el abogado del gobierno, Sean Skedzielewski, defendió la legalidad de los procedimientos. Afirmó que las detenciones se basaban en múltiples factores, como vigilancia previa, interacciones en el terreno y paquetes de inteligencia individualizados. Agregó que los agentes están capacitados para cumplir con los estándares constitucionales.
Pero para los demandantes, las acciones del gobierno constituyen un patrón de discriminación. La ACLU sostiene que las redadas responden a una “cuota arbitraria de arrestos” y se fundamentan en estereotipos raciales. Como ejemplo, se citó el caso de Brian Gavidia, ciudadano estadounidense, quien habría sido agredido y detenido sin justificación, solo por ser latino y trabajar en una zona de mayoría hispana.
Otro incidente ocurrió en el condado de Ventura, cuando agentes federales irrumpieron en una plantación de cannabis, lo que provocó enfrentamientos con manifestantes. La operación coincidió con la audiencia judicial sobre las redadas, y varios autobuses con trabajadores fueron detenidos en ese contexto.
Los grupos demandantes también denunciaron obstrucciones al trabajo legal. Afirmaron que desde junio han enfrentado múltiples restricciones para ingresar al centro de detención “B-18”. En un caso descrito por el abogado Mark Rosenbaum, los agentes federales usaron bocinas para ahogar las voces de los abogados que intentaban comunicarse con los detenidos y lanzaron químicos similares al gas lacrimógeno.
La orden judicial representa un freno temporal a la política migratoria de la administración Trump, que ha intensificado las operaciones en comunidades latinas del sur de California.
La situación ha generado protestas masivas y un clima de temor entre los residentes, en medio de denuncias de abusos y violaciones a los derechos fundamentales.