La Fiscalía de Guatemala ha solicitado el retiro de inmunidad de los diputados Aldo Dávila, del partido WINAQ, y Román Wilfredo Castellanos, del Movimiento Semilla, por la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta en contra del proceso de elección de un nuevo rector de la institución.
El Ministerio Público ha indicado en un comunicado que ambos cometieron posibles delitos de «usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición, todos en forma continuada», así como «tráfico de influencias y asociación ilícita».
La toma de la universidad fue una protesta iniciada en abril de 2022 contra el rector Walter Mazariegos por haber sido designado en el cargo a través de un proceso fraudulento, según denunciaron entonces varias asociaciones estudiantiles.
Las manifestaciones, a las que acudieron estudiantes, miembros de organizaciones civiles y políticos, se intensificaron en junio de este año cuando las instalaciones del campus fueron entregadas a las autoridades guatemaltecas, si bien en aquel entonces no acudió representación oficial para el traspaso y el proceso se realizó a través de un notario.
La Fiscalía ya pidió con anterioridad la retirada de inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo, y de su ‘número dos’, Karin Herrera por los mismos motivos, una acción que fue condenada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El antejuicio también afecta a los diputados Carlos Barreda, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, así como al diputado electo Raúl Barrera, de la misma formación, y a Adán Pérez, de WINAQ.
La Fiscalía ha emprendido distintas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política, aludiendo así a la toma de la universidad y a la financiación de Semilla, entre otras.
De hecho, la Policía Nacional, por orden del Ministerio Público, ha llevado a cabo numerosos registros contra viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial así los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión como presidente el próximo 14 de enero.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.