El presidente electo de Guatemala tilda las acciones del Ministerio Público de «espurias e inaceptables»
La Policía Nacional de Guatemala, por orden del Ministerio Público (MP), ha llevado a cabo este jueves 31 allanamientos contra viviendas de simpatizantes y afiliados del partido Movimiento Semilla como parte de su investigación contra la formación del presidente electo, Bernardo Arévalo, por un presunto delito de lavado de dinero.
«Las órdenes de aprehensión fueron giradas por la posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita», ha indicado la Fiscalía en un comunicado publicado en la red social X.
En concreto, entre los afectados se encuentran la excandidata a diputada de Movimiento Semilla Marcela Blanco, el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas o el abogado Ramón Cadena.
Blanco ha aseverado en un mensaje de vídeo publicado en la red social X que el Ministerio Público ha impuesto una orden de captura en su contra. «Yo soy ciudadana, soy pueblo, y me están haciendo esto a mí por hablar en contra de la corrupción», ha dicho.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha asegurado en redes sociales que las acciones de la Fiscalía «son espurias e inaceptables». «Exigimos respeto a la seguridad e integridad de Marcela Blanco y cualquier otro integrante del partido sometido a estos abusos», ha agregado.
Por su parte, la bancada del Movimiento Semilla ha apuntado a que los allanamientos «son un acto para atemorizar al pueblo de Guatemala». «Las acciones criminales del MP y todos aquellos que las respaldan son parte de un golpe de Estado y hay que detenerlo», ha sentenciado el partido.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial así los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera.
El Ministerio Público de Guatemala ha llevado a cabo numerosas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política, una postura que ha recibido la condena de la comunidad internacional.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
Los principales instigadores de esta causa –cuestionada tanto dentro como fuera de Guatemala– son el juez Fredy Orellana; el fiscal anticorrupción, Rafael Curruchiche; y la fiscal general, Consuelo Porras, incluida esta última en una lista de agentes corruptos elaborado por Estados Unidos.
