Por: Ms. Luis José Samayoa Rodríguez / Abogado y Máster en Asesoría Fiscal y Tributaria
La pandemia que vivimos ha puesto en jaque al mundo entero, a pesar de que, con la vacuna elaborada por algunas farmacéuticas, se visualiza una luz de esperanza al final del túnel. Sin embargo, la presión continua y esta afecta a la vida de todas las personas. Cuarentenas forzosas, toques de queda y confinamiento, restricciones para viajar y limitaciones a actividades económicas y vida pública sin precedentes. Si bien a primera vista estas medidas de control, junto con el aumento de la presencia policial en las fronteras y calles, parecen disuadir la delincuencia, también pueden contribuir a que ésta sea más clandestina, como es el caso de la trata de personas.
En el ilícito de trata de personas, los delincuentes están ajustando sus modelos de negocios a la “nueva normalidad” creada a partir de la pandemia, especialmente mediante el uso indebido de nuevas tecnologías. Sumado a lo anterior, la pandemia ha agravado y puesto en primer plano las desigualdades económicas y sociales sistémicas que se encuentran entre las causas subyacentes de la trata de personas. Identificar las victimas en este sentido resulta complejo, incluso en circunstancias normales. Las victimas y los escenarios de estas incluyen explotación en entornos ilegales, informales o no regulados (por ejemplo, delitos menores, la industria del sexo, el ámbito doméstico, el cultivo y tráfico de drogas, la agricultura y la construcción); la capacidad del crimen organizado para ocultar sus operaciones, la falta de voluntad de las víctimas de denunciar o su incapacidad para hacerlo; y la limitada capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectarlo.
La trata de personas es el resultado del fracaso de nuestras sociedades en la protección de quienes son más vulnerables y de hacer valer los derechos en el marco de las leyes nacionales. Estas personas no deben ser adicionalmente “castigadas” durante los tiempos de la emergencia. Por tal razón, deben incorporarse mecanismos de acción para contrarrestar esta problemática de índole e interés mundial. Al combatir la pandemia, no debemos pasar por alto los riesgos reales y concretos que esta situación sin precedentes genera para grupos e individuos en situación de vulnerabilidad, que no siempre son visibles en nuestras sociedades. Es necesario considerar que la mitigación de las repercusiones económicas de la pandemia no debe y ni puede excluir a aquellas personas desfavorecidas y menos privilegiadas.
Las respuestas al COVID-19 deben ser monitoreadas de manera continua. Cuando estas medidas repercutan negativamente de manera no intencional en los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las víctimas de trata de personas, deben hacerse ajustes para reducir al mínimo los daños y asegurar la atención adecuada a las necesidades de estos grupos. Al mismo tiempo, deberá de darse prioridad a la salud pública, como parte de la prevalencia de una cultura del Estado de Derecho. Las respuestas al combate de la trata de personas deben seguir basándose en los derechos humanos, mientras que el acceso a servicios de justicia y apoyos sociales sin discriminación deben de ser garantizados.
Con base a lo anterior, se vuelve necesario recopilar y analizar datos sobre los efectos del COVID-19 en la trata de personas. No hay ningún país que sea inmune a la pandemia y como el virus no afecta a todas las regiones al mismo tiempo, la experiencia de un país puede ser vital para otros.
La recuperación de la pandemia ofrece una oportunidad única para examinar las desigualdades arraigadas en nuestros modelos de desarrollo económico que alimentan la marginación, la violencia por causa de género, la explotación y la trata de personas, como parte del esfuerzo de las naciones en lograr un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo.
