Guatemala aún no ha autorizado la importación de ninguna de las vacunas contra el COVID-19 sin embargo autoridades de Salud ya trazaron un panorama de lo que podría ocurrir en las próximas semanas de acuerdo a la compra y llegada del primer lote al país centroamericano.
Hasta el momento en Guatemala analizan dos mecanismos de compra, el primero es el CovaX, con el cual han garantizado las dosis para aplicar a 3.3 millones de guatemaltecos, y el segundo es un mecanismo bilateral que no ha sido aprobado en el cual el Gobierno negociará directamente con las farmacéuticas.
“Hoy por la mañana se recibió un comunicado de Covax en el cual nos informan que han cerrado negociaciones con AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sanofi. Ya están esas posibilidades de vacuna. Por lo menos ya tenemos una luz hacia dónde probablemente se dirijan las negociaciones por medio del mecanismo Covax (…) y por medio del mecanismo bilateral es muy probable que sea con Moderna o AstraZeneca”, dijo la viceministra técnica de Salud, Lucrecia Ramírez.
“Estamos a la espera de la aprobación de un convenio bilateral para hacer una compra directa farmacéutica que nos permita comprar una cantidad en el mes de enero”, dijo la viceministra, quien agregó también que Moderna está en la revisión de términos legales y que se está a la espera de la respuesta de la farmacéutica para proceder a la firma.
Por lo tanto, según Ramírez hay probabilidades de que a finales de enero o principios de febrero lleguen las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus a territorio guatemalteco, las cuales podrían tener un costo de entre US$20 y US$25 por persona.
Además, agregó que Salud no descarta un acercamiento con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de su vacuna, pues esta sería la que mejor le convendría al país por el manejo de la cadena en frío; sin embargo, resaltó que la vacuna de Johnson por ser de una sola dosis es más fácil de monitorear.
Se dio a conocer también que los primeros en recibir la vacuna serían el personal de primera línea entre los que se encuentran médicos, enfermeros, bomberos, policías y soldados y que las embarazadas y los menores de 18 años no podrán recibir la vacuna.
De acuerdo con la viceministra buscarán establecer precios a empresas privadas como hospitales o sanatorios que se interesen por vender las vacunas en el país para evitar que hagan cobros desmedidos.
Con información de El Economista.
