Las verificaciones ejecutadas por la Defensoría del Consumidor en el tema del precio de productos, ha dado como resultado que a más de 300 empresas se les haya abierto un proceso de investigación por el incremento de precios injustificados en algunos productos de la cadena de suministros de la canasta básica, fertilizantes e insumos agrícolas.
Las autoridades han sido enfáticas en advertir en que se actuará con rigor, cumpliendo las leyes, ante la afectación que pudiera causar los incrementos de precios o retener producto.
“A la fecha podemos reportar 80 casos que se han presentado ante el Tribunal Sancionador por incrementos injustificados de precios o por obstaculizar la labor”, destacó el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
De los 80 casos presentados, 50 de ellos ya fueron admitidos, y 24 han sido sancionados con multas que totalizan más de $95,000.
Estas inspecciones forman parte de una serie de medidas anunciadas en marzo pasado para minimizar el impacto de la inflación mundial derivada por la crisis entre Ucrania y Rusia y los efectos que aún genera la pandemia de COVID-19.
Según las autoridades, El Salvador se mantiene con la tasa más baja de inflación en la región con un 7.5 %, como resultado de la implementación de las medidas de alivio económico.
Desde que iniciaron las verificaciones, la Defensoría del Consumidor registra más de 116,000 inspecciones en toda la cadena de suministro de alimentos a escala nacional.
Durante el domingo, la Defensoría del Consumidor lideró un nuevo despliegue de inspección en el sector mayorista de granos básicos en la ciudad de Santa Ana. La verificación de precios busca estabilizar y evitar especulación ante salida de la cosecha.
