Mesa Frente a la Minería Metálica presentará propuesta para que se eleve a rango constitucional la prohibición de la actividad minera en El Salvador

Mesa Frente a la Minería Metálica presentará propuesta para que se eleve a rango constitucional la prohibición de la actividad minera en El Salvador

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Redacción, Fidel López.

El 29 de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó con 69 votos la Ley de Prohibición de la Minería Metálica tras una intensa lucha por parte de organizaciones ambientalistas, religiosas y de otras manifestaciones sociales.

La aprobación de este marco legal tuvo un alto costo tomando en cuenta que importantes liderazgos ofrendaron su vida con el fin de que El Salvador le pusiera freno a esta actividad que por décadas ha dejado grandes afectaciones al medio ambiente y la salud de las comunidades aledañas a aquellos lugares donde se ha permitido la actividad extractivista.

También vale recordar que el país fue demandado penalmente ante tribunales internacionales (el CIADI), saliendo triunfante ante ese litigio por más de $200 millones de dólares que la empresa Pacifik Rim (después Oceana Gold) le exigía al Estado.

Sin embargo desde la aprobación de la ley, las administraciones gubernamentales han velado poco, o nada porque se cumpla con esta normativa en la que se obliga al resarcimiento de daños ocasionados por la minería y al cierre técnico de las minas.

Ante la amenaza del estudio de los permisos para reactivar la minaría en Guatemala con el proyecto Cerro Blanco. Luís González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña y parte de la Mesa Frente a la Minería Metálica, manifestó que “debido ante el incumplimiento de la normativa presentarán una propuesta de reforma que eleve a rango constitucional la prohibición de la actividad minera”.

La mina Cerro Blanco ubicada a 10 kilómetros de la frontera con El Salvador en territorio guatemalteco, iniciará operaciones a cielo abierto en 2022.Ante esto la Mesa externó su preocupación debido a que los metales contaminantes que la mina deposita en el río Ostúa, terminan desembocando en el Lago de Guija que alimenta al río Lempa, que es la principal cuenca que abastece al territorio nacional.

Para Omar Flores, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) “es importante que el Estado salvadoreño y el Parlamento Centroamericano, busquen una mediación con Guatemala y Honduras para detener los proyectos mineros, ya que con la contaminación de la mina Cerro Blanco se estaría afectando a más de un millón de salvadoreños”.

La Mesa recalcó que la minería no es una opción económica para el país, por lo que expresó su preocupación ante la creación de una Dirección General de Energías e Hidrocarburos y Minas.

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