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Nicaragua–El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que en el país no volverán a realizarse elecciones que permitan a la oposición acceder al poder, durante el acto por el 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado la noche del domingo en Managua.
Ante miles de simpatizantes, Ortega sostuvo que los sectores opositores, muchos de ellos en el exilio, buscan recuperar el control del país mediante procesos electorales y afirmó que su gobierno impedirá ese escenario.
«Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró el mandatario.
Durante su discurso, también calificó a los opositores como «golpistas» y «vendepatrias», y anunció que promoverá nuevas leyes, junto con la Asamblea Nacional, para impedir que estos sectores recuperen espacios políticos.
Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien asumió la Vicepresidencia y, desde febrero de 2025, ejerce como copresidenta tras la entrada en vigor de una reforma constitucional.
Entre los principales cambios aprobados se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, la creación de la figura de la copresidencia, mayores atribuciones para el Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado y modificaciones al calendario electoral.
Como resultado de estas reformas, las elecciones generales previstas inicialmente para noviembre de 2026 fueron trasladadas, en teoría, a noviembre de 2027.
Las modificaciones constitucionales han sido cuestionadas por organismos internacionales como la ONU y la OEA, además de Estados Unidos, el Parlamento Europeo y organizaciones opositoras, que consideran que las reformas concentran aún más el poder en Ortega y Murillo y reducen los contrapesos institucionales.
En enero de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que Rosario Murillo asumió la copresidencia sin haber sido elegida mediante un proceso democrático y sostuvo que el gobierno nicaragüense ha limitado el derecho de la población a elegir libremente a sus autoridades.