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Un juez federal inicia proceso para declarar en desacato a la Administración Trump por ignorar fallo sobre deportaciones
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Kilmar Ábrego, el ciudadano deportado erróneamente a El Salvador, “no regresará” al país, desafiando abiertamente al Tribunal Supremo, que había ordenado facilitar su retorno.
Bondi justificó su postura citando al presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien tras su reciente visita a la Casa Blanca aseguró que no enviaría de regreso a Ábrego. “No va a regresar a nuestro país. El presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso”, sostuvo Bondi en declaraciones a la prensa.
La Administración Trump interpreta que la sentencia del Supremo solo exigía “facilitar” el regreso de Ábrego, no ejecutarlo directamente. Según Bondi, al no haber solicitado El Salvador la repatriación, el Gobierno estadounidense se desentiende del asunto.
Ábrego, beneficiario de un estatus de protección temporal desde 2019 tras huir de la violencia en su país, fue deportado por un “error administrativo” en marzo, como parte de las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump. La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación inmediata, pero la Administración recurrió ante el Supremo, que finalmente se pronunció a favor del retorno, aunque sin imponer un plazo ni medidas concretas.
DESACATO A LA JUSTICIA
En paralelo, el juez federal del distrito de Columbia, James Boasberg, ha iniciado este miércoles un procedimiento para declarar en desacato a la Administración Trump por incumplir una sentencia del 15 de marzo que prohíbe las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798.
Boasberg sostiene que existe “causa probable” para sancionar al Gobierno por violar dicha orden, aunque ha dado la posibilidad de evitar el castigo si proporciona explicaciones satisfactorias y se ajusta al fallo judicial.
La tensión creció luego de que dos vuelos con venezolanos deportados salieran del país justo durante una pausa en las audiencias judiciales. “Si hay algún avión en vuelo con detenidos, debe dar media vuelta hacia Estados Unidos de cualquier forma posible”, advirtió el juez en su dictamen, citado por Politico.
Por su parte, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, defendió las acciones del Ejecutivo y anunció que presentarán una apelación. “El presidente está comprometido a garantizar que los terroristas y los inmigrantes ilegales dejen de ser una amenaza para los estadounidenses y sus comunidades”, aseguró en redes sociales.
Organizaciones de derechos civiles han condenado lo que consideran una política de deportaciones masivas sin garantías legales, y han puesto en duda la constitucionalidad del uso de una ley de guerra del siglo XVIII para justificar las expulsiones.