Australia se convirtió recientemente en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, una medida histórica orientada a proteger la salud mental de niños y adolescentes frente a riesgos como el acoso digital, la adicción y la exposición a contenidos dañinos. La nueva legislación obliga a plataformas como TikTok, Instagram y Facebook a verificar la edad de sus usuarios y bloquear el acceso a quienes no cumplan con el requisito bajo amenaza de multas millonarias en caso de incumplimiento.
La decisión ha generado un intenso debate internacional, pero también ha sido recibida como un respaldo para muchos padres que consideran que el uso de redes sociales “se ha salido de control”. La falta de criterios comunes dentro de los hogares —donde algunos imponen límites estrictos y otros no— ha dificultado históricamente una regulación efectiva. En ese contexto, una norma uniforme busca reducir esas desigualdades y facilitar la aplicación de límites claros.
Si bien se prevé que esta primera generación de jóvenes afectados por la prohibición manifieste resistencia y rechazo, especialistas y sectores de la sociedad coinciden en que, con el tiempo, la medida podría normalizarse. No obstante, persisten dudas sobre el verdadero compromiso de las plataformas tecnológicas para cumplir la normativa, especialmente en un ecosistema digital donde algunos empresarios han mostrado resistencia a regulaciones estatales más estrictas. Por ejemplo, no estoy tan segura de que Elon Musk, dueño de la red X, acepte fácilmente esta medida.
Uno de los argumentos más frecuentes contra la prohibición es que lo vetado suele generar mayor deseo. Sin embargo, quienes apoyan la ley sostienen que, al ser una medida generalizada, elimina factores divergentes y reduce la presión social entre pares, aun reconociendo que siempre existirán intentos de evadir la norma. La aplicación efectiva de sanciones económicas busca, precisamente, desincentivar esas prácticas.
El impacto de las redes sociales en la salud mental infantil y juvenil es uno de los ejes centrales del debate. Diversos estudios y testimonios coinciden en que la exposición constante a vidas “perfectas” y estandarizadas fomenta la ansiedad, la depresión y una baja autoestima. A ello se suma el deterioro del rendimiento académico, provocado por distracciones permanentes, menor capacidad de atención y problemas de memoria.
La legislación australiana también apunta a reforzar el rol de los padres en la prevención de la adicción digital. No obstante, expertos subrayan que esta responsabilidad implica coherencia: los adultos deben reducir su propio uso de redes, especialmente en el hogar, y predicar con el ejemplo. El objetivo final no solo es mejorar la salud mental, sino también la salud física, al disminuir fenómenos como los retos virales peligrosos, la presión estética y otras conductas de riesgo y propiciar los deportes, la vuelta a la naturaleza y los juegos grupales de jovenes.
Las redes sociales pueden convertirse en una puerta de entrada a problemas mayores: adicción a los videojuegos, acceso temprano a la pornografía, contacto con redes de abuso, comercio ilegal e incluso vínculos con la dark web. En ese escenario, TikTok es una de las plataformas más riesgosas, debido a la proliferación de retos virales que, en algunos casos, han derivado en consecuencias fatales.
La experiencia australiana marca un precedente y plantea una pregunta clave para el resto del mundo: ¿hasta dónde deben llegar los Estados para proteger a las nuevas generaciones de un entorno digital cada vez más poderoso y menos controlable?