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EEUU—El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este viernes, un golpe definitivo a la doctrina de las “medidas cautelares a nivel nacional” al dictaminar que los jueces federales ya no podrán bloquear de forma preventiva —y para todo el país— las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump.
Con seis votos conservadores frente a tres liberales, la máxima corte concluyó que los magistrados de instancia se estaban extralimitando al conceder suspensiones generales sin antes agotar el proceso judicial ordinario. La opinión mayoritaria, redactada por la jueza Amy Coney Barrett, sostiene que el papel de la judicatura no es “supervisar al Poder Ejecutivo”, sino resolver las controversias particulares que le remite el Congreso.
“Cuando un tribunal declara que el Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no puede ser que ese mismo tribunal exceda su autoridad para corregirlo”, escribió Barrett al justificar el nuevo límite, en la práctica, esto significa que futuras impugnaciones contra decretos presidenciales solo surtirán efecto sobre los demandantes concretos, salvo que un tribunal de apelaciones o el propio Supremo amplíen el alcance.
La bancada liberal del alto tribunal, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor, emitió un encendido voto disidente. Sotomayor acusó a sus colegas conservadores de “desmantelar una herramienta indispensable para frenar los abusos de poder” y lamentó que “de un plumazo, se trivialice el equilibrio constitucional”.
De las deportaciones a la financiación federal
La decisión llega tras meses de tensión entre la Casa Blanca y las cortes de distrito, solo entre el 20 de enero y el 29 de abril, el Servicio de Investigación del Congreso detectó 25 mandamientos nacionales contra políticas de la Administración Trump: desde la suspensión de deportaciones masivas y expulsiones de presuntos pandilleros enviados a la cárcel CECOT de El Salvador, hasta pleitos sobre financiación federal, programas de diversidad y el alcance mismo de la ciudadanía por nacimiento. Todos esos procesos quedan ahora en el aire a la espera de que los magistrados recalibren sus estrategias legales.
Minutos después de publicarse el fallo, Trump celebró en Truth Social lo que calificó como “una gran victoria, no solo para mí, sino para Estados Unidos entero”, el mandatario prometió reinstalar “sin demora” las iniciativas paralizadas y reiteró su intención de reformar la Enmienda XIV, a la que tachó de “estafa” heredada de la era de la esclavitud. Ante la prensa, añadió que el veredicto “marca un antes y un después” en la relación entre poder judicial y ejecutivo.
La fiscal general, Pam Bondi, fue igual de tajante. En un mensaje en X (antes Twitter) agradeció el “trabajo incansable” del procurador general, John Sauer, y de los abogados del Departamento de Justicia, al tiempo que aseguró que el Gobierno “defenderá con celo cada medida presidencial legítima”.
Juristas y organizaciones de derechos civiles temen que esta restricción deje en situación de vulnerabilidad a colectivos que dependen de suspensiones amplias para detener daños irreparables —como las familias migrantes amenazadas con deportación inmediata—. También advierten de un probable aumento de litigios paralelos en distintos distritos, estrategia que podría saturar los tribunales y provocar fallos contradictorios.
Aun así, algunos expertos saludan el fallo como un correctivo necesario a lo que veían como un “abuso artificioso” de las órdenes nacionales, nacidas en 1963 como herramienta excepcional y convertidas, según ellos, en arma política de uso cotidiano.
Con un Congreso polarizado y un ciclo electoral ya en marcha, la nueva doctrina del Supremo inaugura una etapa de incertidumbre, el Ejecutivo gana margen, los jueces de distrito pierden una palanca clave y los demandantes deberán repensar su táctica si quieren detener, a nivel nacional, las iniciativas de la Casa Blanca. El tablero judicial estadounidense, en definitiva, vuelve a moverse justo cuando la agenda de Trump promete más confrontaciones y menos contención.