Día a Día News
EEUU–Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó de forma provisional que el gobierno retome la expulsión de migrantes en situación irregular hacia países distintos a su lugar de origen, mientras continúa el análisis judicial sobre esta política.
La decisión suspende temporalmente el fallo emitido el 25 de febrero por el juez federal Brian Murphy, quien había bloqueado la medida al considerar que podría representar riesgos para las personas deportadas.
La corte de apelaciones aclaró que la autorización no es definitiva y que el caso sigue en revisión. En las próximas semanas se prevé que se fije una audiencia para evaluar los argumentos de ambas partes.
Debate legal sobre las deportaciones
El eje del proceso judicial es determinar si el gobierno estadounidense puede trasladar migrantes a terceros países, incluso cuando estos no sean su nación de origen y exista la posibilidad de que enfrenten riesgos.
En su resolución inicial, el juez Murphy cuestionó que estas expulsiones puedan realizarse sin previo aviso ni garantías suficientes, especialmente si las personas podrían ser enviadas a territorios donde enfrenten persecución o malos tratos.
También sostuvo que las directrices del Departamento de Seguridad Interior sobre estas deportaciones podrían ser contrarias a la ley.
Antecedentes de fallos similares
El mismo juez ya había intervenido en casos relacionados. En marzo de 2025 suspendió la expulsión de migrantes asiáticos hacia Libia y, en abril, bloqueó deportaciones hacia Sudán del Sur.
En ambos casos, argumentó que las personas afectadas debían ser notificadas con antelación y contar con tiempo suficiente para presentar recursos legales, incluyendo apelaciones basadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.
La medida forma parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien ha priorizado el endurecimiento de acciones contra la inmigración irregular.
Sin embargo, varias de estas iniciativas han enfrentado bloqueos o modificaciones por parte de tribunales federales, que han insistido en la necesidad de garantizar el debido proceso a las personas sujetas a deportación.
El caso continuará su curso en la corte de apelaciones, que deberá determinar si la política se ajusta al marco legal vigente en Estados Unidos.