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EEUU–El 1 de julio Trump cortó la cinta de ‘Alligator Alcatraz’, el nuevo centro de detención para migrantes levantado en una vieja pista de aterrizaje dentro del Parque Nacional de los Everglades, a una hora de Miami.
La instalación promete alojar a cinco mil personas bajo carpas y remolques montados en solo siete días, según la propia Casa Blanca.
La portavoz Karoline Leavitt celebró la obra como la “vía más eficiente y barata” para ejecutar la campaña de deportaciones masivas que impulsa el presidente.
El complejo está rodeado de humedales infestados de caimanes, cocodrilos y pitones, un tránsito natural que el Gobierno convierte en disuasión migratoria sin gastar en muros.
Trump se burló del riesgo al asegurar que los internos aprenderán a zigzaguear para “subir en un uno por ciento” sus probabilidades de escapar de un reptil.
Las redes oficiales divulgaron memes de caimanes con gorras del ICE, mientras el Partido Republicano de Florida lanza camisetas y enfriadores de cerveza con la misma temática.
El Estado aportó cien soldados de la Guardia Nacional para la seguridad externa, pero el financiamiento principal corre a cargo de FEMA con un costo estimado de cuatrocientos cincuenta millones de dólares al año.
El fiscal general floridano, James Uthmeier, vendió la idea con un video cargado de rock y caimanes de ojos rojos que recuerda más a un tráiler de acción que a una obra pública.
Organizaciones de derechos humanos tachan la prisión de “maniobra política despiadada”, etiqueta que repite el demócrata David Jolly, aspirante a la gobernación estatal.
Las tribus Miccosukee y Seminole se oponen por el impacto ecológico y cultural, recordando que los Everglades son su territorio ancestral y un ecosistema en riesgo.
Los abogados de inmigración adelantan demandas sobre las condiciones y la legalidad de las deportaciones, argumentando que el aislamiento impide el debido proceso.
El número de detenidos federales por inmigración subió a cincuenta y seis mil a mitad de junio, casi un treinta por ciento más que cuando Trump asumió la Presidencia.
La Administración ya aloja a algunos migrantes en la base naval de Guantánamo y cita a El Salvador como modelo de centros penitenciarios aislados y extensos.
Trump insiste en deportar un millón de personas por año, meta que choca con la escasez de mano de obra y los déficits presupuestarios crónicos de Washington.
Mientras tanto, los republicanos usan el tema para movilizar a un electorado que, según encuestas de 2024, considera la inmigración su principal preocupación.
Los defensores de los internos temen que las tensiones en un entorno tan hostil deriven en tragedias difíciles de documentar por la lejanía y la exuberancia del terreno.
Ambientalistas denuncian que la construcción viola compromisos de conservación y compromete proyectos multianuales de restauración de los Everglades financiados con fondos federales.
La Casa Blanca rechaza esos señalamientos y aplaude la “creatividad logística” que transformó un antiguo aeródromo en “centro de tránsito rápido” en menos de una semana.
El gobernador Ron DeSantis respalda la medida y sostiene que el estado no puede absorber el flujo migratorio que, a su juicio, “pone en jaque las finanzas y la seguridad”.
Para el equipo de Trump, colocar la prisión en una zona inhóspita es “tan humano como necesario”, porque, aseguran, “agiliza los retornos y protege a los propios migrantes de los carteles”.
Organizaciones como Human Rights Watch replican que “humanidad” y “Everglades” no caben en la misma frase cuando se trata de encerrar personas entre pantanos y depredadores naturales.
Los críticos subrayan que el proyecto alimenta la narrativa de campaña de Trump sin resolver la complejidad de las causas que impulsan la migración.
Activistas recuerdan que muchos detenidos huyen de la violencia o de desastres climáticos y enfrentan procesos de asilo que requieren tiempo y asistencia legal.
El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que las audiencias se realizarán por videoconferencia, un método que ya recibe cuestionamientos por falencias técnicas y falta de confidencialidad.
Expertos en justicia migratoria advierten que el aislamiento podría multiplicar las demoras, elevar los costos y saturar los tribunales, lo que terminaría por contradecir las promesas de eficiencia.
Con ‘Alligator Alcatraz’ ya operativo, la Casa Blanca promete más instalaciones “rápidas y rudas”, frase que resume la postura de un Gobierno que apuesta al shock para frenar la inmigración irregular.
La medida refuerza el mensaje de campaña de Trump de cara a 2026, año en el que aspira a consolidar su agenda migratoria con una mayoría republicana reforzada en el Congreso.
Entre celebraciones partidarias y condenas internacionales, los humedales de Florida se convierten en escenario de la política migratoria más polémica del momento.