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EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que autoriza a las autoridades estatales y locales a trasladar a personas sin hogar a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento, si estas padecen adicciones o enfermedades mentales y representan un riesgo para sí mismas o para otros.
La medida, titulada “Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses”, forma parte de una estrategia que, según la Casa Blanca, busca restaurar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y atender una crisis de indigencia que califican como “endémica”.
Trump justificó la decisión señalando que durante el último año de la administración anterior se registraron más de 274,000 personas sin vivienda en una sola noche, la cifra más alta hasta la fecha. Afirmó que la mayoría de estas personas enfrentan problemas graves de salud mental y dependencia a drogas duras como metanfetaminas, cocaína u opioides.
“Abandonar nuestras ciudades al desorden no es compasivo. Ni para los indigentes ni para quienes viven en ellas”, afirmó el mandatario.
El eje central de la orden es la expansión del llamado “compromiso civil”, un mecanismo legal que permite la internación forzada de personas con condiciones mentales severas.
La orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a revertir limitaciones legales que impiden aplicar esta herramienta y a proporcionar fondos y asesoría técnica a los estados para su implementación.
El gobierno también priorizará con subvenciones federales a los municipios que refuercen la aplicación de leyes contra el consumo público de drogas, la ocupación ilegal de espacios urbanos y la acampada en la vía pública.
Además, se establece un sistema para identificar y monitorear a ofensores sexuales sin domicilio fijo, así como evaluar a detenidos por delitos federales para determinar si deben ser recluidos bajo esta figura como personas “sexualmente peligrosas”.
La nueva política rompe con el enfoque de “vivienda primero”, que priorizaba proporcionar refugio sin exigir condiciones. En su lugar, se aplicará un modelo de “rendición de cuentas” donde los beneficiarios deberán someterse a tratamiento médico o terapias para acceder a ayuda estatal.
Se prohíbe además el financiamiento de programas que promuevan los llamados “sitios de consumo seguro”, ya que —según el gobierno— solo fomentan el uso de sustancias ilegales.
En cuanto a la vivienda, se permitirá que ciertos refugios excluyan a ofensores sexuales y prioricen el alojamiento exclusivo para mujeres y niños. La orden también abre la puerta al uso de datos médicos personales de los beneficiarios para coordinar tratamientos con las autoridades de salud pública.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos deberá asegurar que los fondos federales se usen en programas basados en evidencia científica, enfocados en tratamiento ambulatorio, atención de crisis y reintegración social.
Trump considera que este “nuevo enfoque” soluciona un sistema que, a su juicio, ha fracasado tras décadas de inversión sin resultados visibles.
“El objetivo es restaurar el orden público, garantizar la seguridad y brindar una atención humana a quienes viven en las calles”, concluye el documento firmado por el presidente.