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EEUU—El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido suspender temporalmente una parte significativa de su estrategia migratoria más polémica, las redadas masivas a discreción en lugares de trabajo.
Esta pausa responde a la creciente preocupación dentro del propio Ejecutivo por el impacto político y económico de estas operaciones, particularmente en sectores clave como la agricultura, la hostelería y la restauración.
Según reveló este viernes (13 de junio de 2025) el diario The New York Times, la decisión fue comunicada mediante un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el cual se ordena suspender todas las investigaciones y operativos de cumplimiento de la ley en centros laborales agrícolas, incluidas plantas empacadoras de carne y granjas acuícolas, así como en restaurantes y hoteles.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmaron la autenticidad de la comunicación, y su portavoz, Tricia McLaughlin, declaró que “se seguirán las instrucciones del presidente” y que el departamento continuará “centrándose en remover de las calles de Estados Unidos a los delincuentes extranjeros más peligrosos”.
La decisión llega en un momento políticamente delicado para la administración Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año, el mandatario ha impulsado una política migratoria de “tolerancia cero”, que incluye órdenes directas al ICE de realizar hasta 3,000 arrestos diarios de inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, estas medidas han generado una fuerte reacción, incluso en bastiones conservadores que dependen económicamente de la mano de obra migrante.
En particular, estados como California han sido escenario de protestas masivas durante las últimas semanas. Las manifestaciones se han centrado en denunciar el impacto de las redadas en comunidades migrantes y en sectores agrícolas que enfrentan ya escasez de trabajadores.
Fuentes dentro del Gobierno apuntan a que la pausa responde también a cálculos electorales. La industria agrícola y hotelera, afectadas por estas redadas, operan en circunscripciones clave para las elecciones legislativas de 2026. Sectores empresariales y líderes locales habrían hecho llegar su malestar a la Casa Blanca, preocupados por el daño económico que estas medidas están generando.
La suspensión, aunque temporal, marca un giro estratégico en la política migratoria del Ejecutivo. Si bien el discurso oficial insiste en la necesidad de “proteger a los ciudadanos y sacar a los criminales de las calles”, la administración parece estar calibrando cuidadosamente el costo político de mantener una ofensiva migratoria que, aunque popular en algunos sectores de su base, está alienando a importantes aliados económicos y electorales.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y defensores de migrantes exigen que esta suspensión se convierta en un cambio permanente de enfoque, y advierten que una política basada exclusivamente en detenciones masivas solo agrava el clima de miedo e incertidumbre en millones de familias trabajadoras.