El juez Séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, Fredy Orellana, pidió el martes a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que abra una investigación contra la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, por obstaculizar un proceso penal.
El caso se remonta a un procedimiento abierto contra cuatro trabajadoras del TSE por un supuesto delito de incumplimiento de deberes al haber ratificado la inscripción del Movimiento Semilla, que se encuentra suspendido de forma temporal.
Alfaro habría apoyado a las acusadas –Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro– personándose en una de las audiencias celebrada en el edificio de la Torre de Tribunales.
«Si en este caso una ley no le permite a un funcionario público solidarizarse con subalternos no lo debería hacer porque iría en contra de este principio constitucional», ha explicado, según ha recogido en un vídeo Emisoras Unidas.
Orellana también ha ordenado poner bajo arresto domiciliario a Escobar y Posadas, que forman parte del departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrón, así como a De León Carreto y Quezada, que trabajan en la Dirección Administrativa del ente electoral.
Alfaro también tiene pendiente una retirada de inmunidad solicitada por la Fiscalía guatemalteca por obstrucción a la justicia durante un registro en la sede del TSE y por incumplimiento de deberes ante las supuestas irregularidades en el conteo de votos de las últimas elecciones, que dieron la victoria al actual presidente, Bernardo Arévalo.
