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ELSalvador—Con 57 votos de la bancada oficialista y aliados, la Asamblea Legislativa aprobó el martes, con dispensa de trámite, la controvertida Ley de Agentes Extranjeros. La normativa obliga a toda persona o entidad, nacional o extranjera, que reciba fondos del exterior a registrarse en un nuevo organismo estatal y pagar un impuesto del 30 % por cada transferencia, donación o importación en especie.
La ley establece la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), dependiente del Ministerio de Gobernación, al cual deberán inscribirse todas las organizaciones y personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento extranjero. Quienes no lo hagan, no podrán operar ni recibir fondos.
El impuesto será retenido directamente por las instituciones financieras y los fondos recaudados serán dirigidos al Ministerio de Hacienda para obras de interés social, según lo aprobado.
Algunas organizaciones humanitarias, como Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento y la Fundación Padre Vito Guarato, estarán exentas del impuesto. El RAEX tendrá la facultad de decidir, caso por caso, quién puede ser excluido de la normativa, basándose en criterios como la naturaleza del proyecto y el origen de los fondos.
La ley también contempla fuertes sanciones económicas: multas desde $100,000 hasta $250,000 por incumplimientos, entre ellos, realizar actividades políticas financiadas por agentes extranjeros sin declararlo o alterar el orden público.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, aseguró que la ley “cierra un vacío legal que ha sido aprovechado por organizaciones que nunca rindieron cuentas”. Añadió que no se busca prohibir a las ONG, sino exigir una contribución al país.
Por su parte, la diputada oficialista Suecy Callejas dijo que “la ley promueve transparencia y protege la soberanía nacional” frente a supuestas injerencias extranjeras. Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, comparó la medida con leyes similares en países como Estados Unidos, Alemania y Australia.
Desde la oposición, la diputada Claudia Ortiz (Vamos) advirtió que la ley es “una herramienta autoritaria” que restringe la libertad de expresión y asociación. Criticó que el RAEX tendrá una amplia discrecionalidad para aprobar o rechazar registros y exenciones, lo cual, dijo, podría usarse con fines políticos.
El diputado Francisco Lira (Arena) calificó la normativa como “ley mordaza” y denunció que busca desviar la atención de los problemas reales del país. Cuestionó además la falta de debate en comisiones y los vínculos del oficialismo con asociaciones como Cosavi.
El presidente Nayib Bukele anunció el envío del proyecto de ley el pasado 14 de mayo, tras una protesta de habitantes de la comunidad El Bosque, en riesgo de desalojo por una deuda legal. Bukele propuso que con el nuevo impuesto del 30 % se pague la deuda de las familias afectadas. “Así todos ganan: las familias saldan su deuda, las ONG cumplen con ayudar al pueblo y el Estado no asume la carga”, sostuvo en su cuenta de X.