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ElSalvador—Con 59 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una normativa que establece límites al endeudamiento del Estado salvadoreño y que responde a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un acuerdo financiero estimado en $1,400 millones.
La ley fue aprobada con dispensa de trámite, es decir, sin discusión previa en comisiones, por las bancadas de Nuevas Ideas, PDC, PCN y ARENA. El único voto en contra fue de la diputada suplente Cesia Rivas, del partido Vamos.
La legislación establece que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), incluyendo las obligaciones del sistema de pensiones, deberá reducirse gradualmente hasta representar un máximo del 70 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2045. El cronograma intermedio establece metas del 80 % para 2030 y 75 % para 2035.
El SPNF abarca al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, alcaldías, autónomas no empresariales, empresas públicas como la CEL, así como entidades como el ISSS, el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Además, la ley obliga al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) a proporcionar la información que requiera el Ministerio de Hacienda como parte de los mecanismos de control y transparencia requeridos por el FMI.
Uno de los pilares de la ley es la creación de una regla fiscal con objetivos de mediano y largo plazo, además de la elaboración y publicación obligatoria de un Marco Fiscal de Mediano Plazo y una programación quinquenal de presupuesto y deuda, que deberá estar disponible en el Portal de Transparencia Fiscal.
El gobierno justificó esta reforma al señalar que la anterior Ley de Responsabilidad Fiscal de 2016 fue suspendida en 2020, durante la pandemia, debido a factores externos como crisis económicas y conflictos internacionales.
El deterioro fiscal del país ha sido progresivo: en 2016 la deuda era del 67.5 % del PIB; en 2018 subió a 69.5 %; y para finales de 2024 se estima en 87.4 %, es decir, $87.4 comprometidos por cada $100 generados por la economía.
La normativa contempla que las metas de deuda podrán suspenderse en casos excepcionales como emergencias nacionales, desastres naturales, crisis económicas o conflictos internacionales que impliquen un impacto fiscal igual o mayor al 1 % del PIB. También permite revisar los límites de deuda cada 10 años.
A pesar del amplio respaldo, la aprobación generó críticas, Francisco Lira, de ARENA, apoyó la ley pero dijo que “llegó algo tarde” y que responde al cumplimiento de exigencias del FMI. Marcela Villatoro, también de ARENA, advirtió que los límites establecidos aplicarán para futuros gobiernos, y criticó que la ley permita suspensiones con solo notificar a la Asamblea, sin una revisión más rigurosa.
Por su parte, Cesia Rivas (Vamos) rechazó la ley por considerar que representa “una medicina amarga” para la población y porque fue aprobada sin una discusión técnica previa. Señaló también su escepticismo respecto al compromiso real del gobierno con las metas fiscales.
Desde la bancada oficialista, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, defendió la medida y afirmó que las metas fiscales estarán “bajo la tutela de los organismos financieros internacionales”. Aseguró además que el plan para reducir la deuda será de cinco años y de carácter público.
Un paso clave hacia el acuerdo con el FMI
Con la entrada en vigor de esta ley, el gobierno salvadoreño da un paso fundamental para concretar el acuerdo con el FMI. Sin embargo, persiste el reto de recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reducir el elevado nivel de endeudamiento que ha marcado la última década.