ElSalvador—El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una firme advertencia a través de su cuenta en X (antes Twitter), tras la publicación en redes sociales de nombres y fotografías de fiscales y funcionarios judiciales. El mandatario aseguró que amenazar o exponer públicamente a jueces, fiscales y servidores públicos constituye un delito, y que quienes incurran en ello podrían ser procesados penalmente.
“Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió”, expresó Bukele.
La advertencia presidencial se da en el contexto de crecientes tensiones tras la detención de la abogada Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de enriquecimiento ilícito. López, reconocida por sus investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el Gobierno, fue capturada el pasado 18 de mayo. Inicialmente se informó que enfrentaría cargos por peculado, pero estos fueron modificados sin explicación pública, y el caso fue declarado bajo reserva total por el Juzgado Décimo Segundo de Paz.
Entre quienes hicieron públicos los datos de los fiscales se encuentra el exmediador de la Tregua entre Pandillas, Paolo Lüers, quien divulgó imágenes y nombres de quienes llevan el caso contra López. Bukele aseguró que algunos de los involucrados en estas amenazas “tienen vínculos claros con delincuentes” y que forman parte de una estrategia coordinada para atacar a su gobierno.
“La oposición ha pasado todo el día amenazando públicamente a cualquier persona que apoye o trabaje para el gobierno, incluso exponiendo a jueces, fiscales y periodistas que no se alinean con las órdenes de Open Society”, denunció el mandatario en la red social.
A pesar de no mencionar nombres específicos, Bukele insistió en que estas acciones no quedarán impunes.
Por su parte, Cristosal reaccionó a la detención de Ruth López señalando que se trata de una medida de carácter político. “Encarcelar a Ruth es un acto político, no una decisión judicial. Es un castigo para quienes se atreven a cuestionar el autoritarismo y denunciar la corrupción”, afirmó la organización en un comunicado, en el que también calificó la reserva total del caso como un retroceso en materia de debido proceso.
La captura de López ha provocado reacciones de condena a nivel nacional e internacional, con múltiples llamados a su liberación inmediata y a garantizar su integridad física y el respeto a sus derechos fundamentales.