Los miembros de California Alcohol Policy Alliance (Alianza de Políticas sobre el Consumo de Alcohol en California, CAPA) organizarán una manifestación de oposición en la oficina del distrito de Los Ángeles del asambleísta del Estado de California, Jesse Gabriel (D-Encino), principal autor del proyecto de ley AB 61 y coautor del SB 314 los cuales buscan ampliar el consumo de alcohol en los espacios públicos.
Para la organización todas las comunidades de California luchan por recuperarse de la COVID, pues se han visto más afectadas desde el punto de vista socioeconómico, y de manera más desproporcionada, son las personas afroamericanas, de piel morena y de bajos ingresos.
«Para ellas no hay alivio en los proyectos de Gabriel, que priorizan la recuperación económica de la actividad comercial. El asambleísta ignora por completo las consecuencias no deseadas de sus esfuerzos equivocados: los altos costos de implementación, la falta de infraestructura y la pérdida del control local por parte de las ciudades para implementar iniciativas orientadas a mantener la seguridad en las calles y las veredas para los residentes y los negocios por igual».
Este es un problema de justicia social para las comunidades de color y de bajos ingresos, los peatones y los conductores que ya se encuentran profundamente afectados por la intensa vigilancia policial, la falta de recursos y el acceso limitado a calles urbanas aptas para el recorrido y el tránsito en familia.
«Promover la necesidad de empleos no afiliados a sindicatos y con bajos salarios para las comunidades de color como un medio para justificar la desregulación del alcohol se apropia de la justicia social y la equidad para promover las ganancias corporativas. La verdadera pregunta es quién está financiando estas iniciativas, porque no son los sindicatos y ciertamente tampoco la comunidad».
Cabe señalar que en el 2020, el asambleísta Gabriel recibió $5,700 del sector de la cerveza, el vino y el licor, $4,700 de Anheuser-Busch (una corporación multinacional con sede en Bélgica) y $1,000 de Wine Institute, una organización corporativa de interés financiada por la industria de las bebidas alcohólicas. Los proyectos de ley de Gabriel privatizarán efectivamente los espacios públicos y afectarán la seguridad vial de los peatones en la ciudad de Los Ángeles.
En relación con el consumo de alcohol, California sufre anualmente más de 10 mil 500 muertes y 165 mil hospitalizaciones, y destina $35.000 millones en daños económicos relacionados con el consumo de alcohol sin emabrgo los problemas derivados del consumo excesivo de alcohol cuestan cerca de $940 por cada residente, o $2,44 por cada bebida.
Con este evento, CAPA anuncia un LLAMADO A LA ACCIÓN público para exigir que el asambleísta Gabriel, la legislatura y el gobernador reconozcan que el consumo excesivo de alcohol es el número 3 en la lista de causas de muerte prevenibles en California y detengan cualquier proyecto de ley que busque extender o ampliar las reducciones normativas por la COVID-19 para obtener alivio económico.
