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La FGR probó que Nercy Montano favoreció fiestas y contratos irregulares sobre el pago de salarios, causando un perjuicio de más de $280 mil
ElSalvador—El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, al hallarla culpable de negociaciones ilícitas y incumplimiento de deberes durante su gestión al frente de la municipalidad entre 2021 y 2024. La pena se distribuye en 4 años por negociaciones ilícitas y 6 años por incumplimiento de deberes, según el fallo judicial leído este jueves 26 de junio.
La Fiscalía General de la República (FGR) demostró durante el juicio que Montano utilizó los fondos municipales de forma arbitraria, priorizando eventos artísticos y festividades patronales por encima del pago de salarios, bonos y prestaciones de ley a los trabajadores municipales. Este manejo irregular de los recursos públicos generó un daño patrimonial de $282,621.52, monto que fue identificado como malversado en el proceso judicial.
Las investigaciones comenzaron a raíz de denuncias de empleados municipales, quienes en 2022 alertaron sobre impagos sistemáticos de sus salarios, cuotas previsionales y otras obligaciones laborales. Las protestas de los trabajadores se intensificaron durante el último trimestre de ese año, provocando incluso tomas simbólicas de la alcaldía, y culminaron con la captura de Montano el 28 de diciembre de 2023 dentro de la misma comuna.
En el proceso también fue condenado el abogado Ricardo Arturo Roque Baires, sentenciado a cinco años y ocho meses por uso de documentos falsos y actos arbitrarios, aunque su pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. La investigación reveló que Baires asistía a reuniones del concejo municipal donde ofrecía opiniones jurídicas y asesorías a cambio de favores personales, incluyendo su nombramiento irregular como jefe del área de transporte. Además, se constató que la exalcaldesa le adjudicó de forma ilegal un proyecto municipal.
A este caso se vinculan otros tres exempleados municipales que fueron procesados en ausencia:
- Ruth Raquel Aguilar de Montano, extesorera
- Francisco Antonio Henríquez Molina, exgerente financiero
- Salvador Orlando Montano Méndez, exdirector de asuntos estratégicos
Si bien los tres fueron acusados inicialmente por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y actos arbitrarios, el tribunal los absolvió, al determinar que no eran responsables directos de resolver la crisis financiera de la comuna. Como consecuencia, se dejó sin efecto la detención provisional contra ellos.
Durante el juicio, un exconcejal municipal declaró que Montano tomaba decisiones financieras sin justificación técnica, aprobando contrataciones innecesarias y gastos excesivos para festividades. La defensa, sin embargo, alegó que la situación crítica de la alcaldía no fue responsabilidad exclusiva de Montano, sino de decisiones colectivas del concejo, el cual —según señalaron los jueces— no fue investigado de manera adecuada por la Fiscalía.
“El tribunal desconoce por qué la Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal”, cuestionaron los jueces en el fallo. También reprocharon a la FGR una investigación limitada y sin profundidad, pese a los indicios de una estructura más amplia de irregularidades dentro de la administración edilicia.
En total, el Ministerio Público había solicitado 26 años de prisión contra la exfuncionaria. Si bien la sentencia fue menor, también incluye una condena civil en abstracto, lo que abrirá un proceso adicional para establecer el monto exacto a resarcir al Estado por los fondos malversados.
La defensa de Montano anunció que presentará recurso de apelación, mientras que la FGR no descartó acudir a la Cámara de lo Penal para impugnar las absoluciones. Por ahora, Montano continuará en prisión, a la espera de una eventual revisión de la condena.
Este caso se convierte en uno de los primeros en que una exalcaldesa es condenada por desviar fondos públicos en detrimento de los derechos laborales de los empleados municipales, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción a nivel local.