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Juzgado de Chalatenango impone 15 años de prisión y ordena disculpa pública del Estado por crimen de guerra durante el conflicto armado
ElSalvador—Después de más de cuatro décadas de impunidad, el Juzgado de Sentencia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, declaró culpables a tres exaltos mandos militares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses ocurrido el 17 de marzo de 1982, durante el conflicto armado salvadoreño.
Los condenados son el exministro de Defensa, general José Guillermo García; el exdirector de la extinta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y el excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena. Los tres enfrentaron el proceso por el delito de asesinato, tipificado bajo el Código Penal vigente en la época, de 1973-1974.
Las víctimas, Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen, realizaban un reportaje para la televisión holandesa sobre los efectos de la guerra en El Salvador. Mientras se dirigían a entrevistar a guerrilleros en Santa Rita, Chalatenango, fueron emboscados y ejecutados por una patrulla del Batallón Atonal, que había salido de la Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en El Paraíso.
Este juicio se convirtió en el primer caso por crimen de guerra que llega a vista pública por la vía penal en El Salvador, más de 43 años después del hecho. El tribunal estuvo integrado por un jurado conformado por cinco mujeres y un hombre suplente, quienes encontraron culpables a los acusados tras valorar las pruebas presentadas.
Pese a que García y Morán no comparecieron al juicio por encontrarse hospitalizados, según peritajes del Instituto de Medicina Legal, la jueza determinó imponerles a los tres exmilitares una pena de 15 años de prisión. La sentencia consideró la avanzada edad y condición de salud de los acusados.
Además, la jueza ordenó que el Estado salvadoreño emita una disculpa pública a los familiares de los periodistas asesinados. En palabras del abogado Pedro Cruz, representante de las víctimas, se trata de “un juicio histórico por un crimen de lesa humanidad que por fin ha sido juzgado”.
“El jurado resolvió de manera contundente. No hubo lugar a dudas sobre la responsabilidad de estos ex altos mandos militares. La condena incluye una responsabilidad simbólica del Estado por la retardación de justicia y la exigencia de una disculpa pública del comandante general de las Fuerzas Armadas”, añadió Cruz.
El proceso judicial tuvo lugar con acceso restringido, limitado a fiscales, abogados de las víctimas y defensores de los imputados, así como representantes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y de la Fundación Comunicándonos.
Durante el conflicto armado salvadoreño (1980–1992), se calcula que murieron más de 75,000 personas, con al menos 8,000 desaparecidos y numerosas masacres impunes. Una ley de amnistía aprobada en 1993 bloqueó durante décadas la posibilidad de juzgar estos crímenes. Solo hasta su derogación por la Corte Suprema en 2016, se abrió la puerta a procesos judiciales como este.
Con esta resolución, se cierra una etapa clave en la búsqueda de justicia para uno de los crímenes más emblemáticos del conflicto salvadoreño.