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ElSalvador–El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a varios exdirectivos de la Corporación Argoz S.A. de C.V. por delitos relacionados con estafa agravada, lavado de dinero y activos, y agrupaciones ilícitas, en un caso vinculado a la comercialización irregular de lotificaciones que dejó a decenas de familias sin las escrituras de los terrenos que adquirieron.
La pena más alta fue impuesta a Leticia Farfán de Gómez, quien recibió 199 años de prisión tras ser declarada culpable de 23 casos de estafa agravada, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Durante el proceso judicial también se determinó que no pudo justificar el origen de $297,000 encontrados en su vivienda, monto que fue decomisado por las autoridades.
Asimismo, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán fueron condenados a 189 años de cárcel cada uno por 23 casos de estafa agravada y el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma resolución, el tribunal impuso 37 años de prisión a Edwin Omar Rivera López por cuatro casos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas. Por su parte, Mónica Iveth Sanabria de Uriarte, exempleada de confianza de la empresa, fue condenada a 13 años de cárcel por estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Además, los apoderados legales Javier Orlando Martínez Henríquez y Theodoro Portillo Pineda, procesados en ausencia, recibieron cinco años de prisión cada uno por el delito de agrupaciones ilícitas.
Esquema de lotificaciones
De acuerdo con la resolución judicial, la empresa comercializó lotificaciones en distintas zonas del país sin cumplir los requisitos legales, mientras los compradores continuaban pagando las cuotas de sus terrenos. En numerosos casos, incluso después de cancelar el valor total de los inmuebles, las víctimas nunca recibieron las escrituras de propiedad.
El expediente señala que, con el paso de los años, fueron creadas diversas sociedades que adquirían los derechos sobre las propiedades y posteriormente eran declaradas en quiebra, situación que complicó la regularización de los terrenos vendidos.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó que los principales condenados asuman la responsabilidad civil mediante la reparación de los daños ocasionados a las víctimas. Para ello se utilizarán los $297,000 decomisados a Leticia Farfán de Gómez, además de joyas incautadas durante la investigación, recursos que serán destinados a cubrir los costos de legalización de las lotificaciones afectadas.
Esta primera etapa del proceso judicial comprende 24 víctimas, aunque la Fiscalía ha informado que existen otras investigaciones en curso relacionadas con el caso. Según las autoridades, las pesquisas posteriores elevan a 122 el número de personas afectadas y superan los $429,000 en perjuicios económicos, mientras una segunda fase del proceso continúa en instrucción ante otro Tribunal contra el Crimen Organizado.