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EEUU—Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha respaldado la decisión del presidente Donald Trump de desplegar miles de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en respuesta a las violentas protestas desatadas por sus políticas migratorias. El fallo revierte una resolución previa del juez federal Charles Breyer, quien había intentado limitar la intervención federal al considerar que invadía competencias estatales.
El tribunal consideró que la medida adoptada por el Gobierno federal fue necesaria para restablecer el orden y proteger tanto a los ciudadanos como a las propiedades. La decisión llega tras semanas de tensiones entre la Casa Blanca y el gobernador de California, Gavin Newsom, quien había exigido mantener el control estatal sobre la Guardia Nacional.
Breyer, en su momento, había ordenado que se devolviera el control de la fuerza al estado de California y se abstuviera del uso de marines en la zona, argumentando que el despliegue federal carecía de fundamentos sólidos. No obstante, la corte de apelaciones ha revertido esa orden, argumentando que la intervención de Trump se enmarca dentro de las atribuciones presidenciales contempladas en la Constitución.
“El tribunal de distrito había emitido un veredicto sin precedentes sobre el uso de la Guardia Nacional, impidiendo frenar protestas violentas y proteger propiedades que estaban en riesgo de ser destruidas”, señaló la Fiscalía en un comunicado. Asimismo, calificó la decisión de Breyer como una “intrusión extraordinaria” en los poderes del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El Departamento de Justicia también defendió la actuación del Ejecutivo en un escrito enviado a la corte, afirmando que bloquear la acción presidencial podría “poner en peligro la seguridad del personal del Departamento de Seguridad Nacional” y obstaculizar la labor de las agencias federales.
Donald Trump, por su parte, celebró públicamente el fallo. A través de su red social Truth Social, expresó: “Si no hubiera enviado a los militares, Los Ángeles se habría convertido en cenizas. ¡Hemos salvado la ciudad! Gracias al tribunal por esta sabia decisión”.
El presidente también ha señalado que evalúa invocar la Ley de Insurrección si las protestas continúan escalando. Esta legislación, vigente desde el siglo XIX, permite al mandatario federal desplegar tropas en territorio nacional sin la aprobación de los gobiernos estatales bajo tres escenarios: una invasión o amenaza de ella, un levantamiento interno, o la imposibilidad de hacer cumplir las leyes locales con los medios ordinarios.
Hasta ahora, Trump ha invocado el Título 10 del Código de Estados Unidos, que permite transferir temporalmente las competencias estatales al Gobierno federal para intervenir con la Guardia Nacional en situaciones excepcionales. Esta maniobra legal ha sido fuertemente criticada por defensores de los derechos civiles y por varios sectores políticos, quienes consideran que representa una forma de militarización excesiva de la seguridad pública.
Las protestas, inicialmente centradas en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se han extendido rápidamente a más de una decena de ciudades del país. Según Trump, muchos manifestantes estarían siendo financiados para generar caos, aunque no ha presentado pruebas concretas al respecto.
Con esta decisión judicial, Trump fortalece su posición frente a los gobiernos estatales que han intentado limitar su capacidad de intervención directa, avivando un debate sobre los límites del poder federal frente a las autonomías estatales, especialmente en temas de seguridad y orden público.