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EEUU–Una corte federal de apelaciones falló a favor de la Administración Trump, suspendiendo la orden de un tribunal inferior que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), para alrededor de 60,000 migrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
El fallo fue emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que concedió una suspensión de emergencia mientras se revisa la apelación presentada por el Gobierno. Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que la Administración actuó ilegalmente al poner fin al TPS para estas nacionalidades.
El 31 de julio, un tribunal de distrito había ordenado aplazar la terminación de las protecciones otorgadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), al menos hasta la audiencia programada para el 18 de noviembre de 2025.
En su fallo en el caso NTPSA II v. Noem, la jueza Trina Thompson señaló que los demandantes buscan “la libertad de vivir sin miedo y la oportunidad de perseguir el sueño estadounidense”.
El TPS es una designación que impide la deportación de migrantes y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos. La Administración Trump ha impulsado la eliminación de esta protección, aumentando el riesgo de deportaciones masivas para quienes se benefician de este estatus.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones, integrado por Michael Hawkins, Consuelo Callahan y Eric Miller, concedió la suspensión de emergencia sin detallar los fundamentos de su decisión.
El Departamento de Justicia sostuvo que el fallo del tribunal inferior se basó en evidencia desactualizada y que recientes decisiones de la Corte Suprema respaldan la discreción del DHS para terminar con el TPS.
Organizaciones de derechos de los inmigrantes expresaron su preocupación por la medida, destacando el impacto en miles de familias que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.
Con la suspensión de emergencia, los migrantes de Nepal perderán su estatus y permisos de trabajo de inmediato, mientras que los de Honduras y Nicaragua podrían perder sus protecciones a partir del 8 de septiembre de 2025, a menos que se emita una nueva orden judicial.
La National TPS Alliance, organización que lidera la demanda, anunció su intención de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Este caso ha sido clave en la discusión sobre las políticas migratorias del país y podría sentar precedentes importantes sobre la discreción del gobierno en la gestión del TPS.