El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, acompañado por una delegación oficial, visitó El Salvador para conocer de primera mano las políticas penitenciarias y las medidas de seguridad implementadas en la lucha contra la delincuencia y las pandillas.
Durante una conferencia de prensa conjunta, el ministro de Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, destacó que su homólogo costarricense se informaría sobre la experiencia salvadoreña en materia de seguridad, desde el Plan Control Territorial hasta el régimen de excepción.
Campos Valverde expresó que, por instrucciones del presidente Rodrigo Chaves, su visita tenía como objetivo observar las buenas prácticas del pueblo salvadoreño para combatir la delincuencia y devolver a los ciudadanos sus derechos y garantías.
Subrayó la intención de establecer alianzas estratégicas para erradicar el crimen y lograr una justicia pronta y efectiva, además de una verdadera rendición de cuentas. El ministro costarricense reconoció que El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo y manifestó el deseo de Costa Rica de recuperar su tradicional carácter pacífico y seguro.
Tras la conferencia, las delegaciones visitaron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad emblemática en la lucha contra las pandillas en El Salvador. Este centro alberga a líderes de pandillas y, recientemente, a migrantes, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua y que fueron expulsados de Estados Unidos.
Las autoridades salvadoreñas atribuyen la disminución de homicidios en el país a la implementación del Plan Control Territorial y al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Sin embargo, estas medidas han sido objeto de controversia y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que señalan posibles violaciones a las garantías constitucionales.
La visita de la delegación costarricense refleja el interés de países vecinos en las estrategias de seguridad de El Salvador, buscando adaptar y replicar prácticas exitosas en sus propios contextos para enfrentar desafíos similares relacionados con el crimen organizado y la violencia.