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Solicitan al secretario de Estado, Marco Rubio, confirmación periódica del estado de vida y bienestar del joven salvadoreño
ElSalvador–Una delegación de cuatro congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos, llegaron el lunes a El Salvador para exigir la liberación de Kilmar Ábrego García, un joven salvadoreño deportado por error por el gobierno de Donald Trump en 2020, pese a contar con estatus de protección temporal (TPS) y una orden judicial que impedía su expulsión.
La delegación está compuesta por los congresistas Robert García, Maxine Dexter, Yassamin Ansari y Maxwell Frost, quienes han denunciado públicamente el caso como una grave violación del debido proceso y una desobediencia directa a una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos. “Estamos aquí para crear conciencia de que Kilmar debe volver a casa”, declaró García en la red social X.
En sus declaraciones, los legisladores subrayaron que el Tribunal Supremo ordenó por unanimidad el regreso de Ábrego a Estados Unidos y criticaron la falta de acciones por parte del actual Gobierno estadounidense para cumplir esa decisión. “Que el presidente desafíe una orden del Supremo es una alarma democrática. No podemos tolerarlo”, advirtió García.
Durante su estancia en San Salvador, los congresistas se reunieron con la familia de Ábrego y con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en el país. Tras el encuentro, la congresista Ansari expresó su preocupación: “Nada en esa conversación sugiere que el Gobierno de EE.UU. haya tomado medidas reales para liberar a Kilmar”.
La delegación también anunció el envío de una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que solicitan la confirmación periódica del estado de vida de Kilmar Ábrego, así como garantías sobre su salud, acceso a representación legal y condiciones de detención.
El abogado de la familia Ábrego, Chris Newman, quien también participó en una rueda de prensa junto a los congresistas, reiteró la inocencia del joven salvadoreño y denunció que su deportación se llevó a cabo sin respetar tratados internacionales ni principios básicos de derechos humanos.
Además, los legisladores ampliaron su denuncia a otros casos similares, como el del joven venezolano Andry Hernández Romero, de 19 años, quien estaría encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador tras ser detenido en un paso fronterizo legal en California, a pesar de tener un caso de asilo pendiente en Estados Unidos y carecer de antecedentes penales.
“El único indicio presentado en su contra son tatuajes con los nombres de sus padres, que autoridades migratorias alegan erróneamente como prueba de pertenencia a una banda criminal”, recoge la misiva compartida por el congresista García.
La delegación ha insistido en que ambos casos son ejemplos alarmantes de violaciones sistemáticas a los derechos de migrantes y refugiados, y han reclamado al Gobierno de Joe Biden acciones urgentes para garantizar justicia y el respeto al Estado de derecho.