La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron 9 allanamientos en distintos puntos del país para desmantelar una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Según las investigaciones, esta estructura reclutaba a sus víctimas con engaños, prometiéndoles empleo doméstico o en negocios formales. Sin embargo, al llegar al lugar, las mujeres eran trasladadas a centros nocturnos ubicados en la Avenida Independencia, en San Salvador, donde eran forzadas a prostituirse bajo amenazas y sin recibir pago alguno.
Uno de los casos más impactantes ocurrió en mayo de 2024, cuando una mujer fue interceptada en un parque del centro de San Salvador junto a su hijo. Una de las captoras le ofreció empleo como trabajadora doméstica y, tras aceptar, fue llevada a un negocio donde fue separada de su hijo con la promesa de que lo cuidarían.
Inmediatamente, la víctima fue obligada a recibir clientes y brindar servicios sexuales, sin posibilidad de escapar. Durante seis meses, soportó explotación y maltratos hasta que enfermó y acudió a una clínica, donde pidió ayuda. Posteriormente, logró reencontrarse con un familiar, quien la ayudó a escapar y denunciar los hechos para recuperar a su hijo.
Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda en Santa Tecla, donde las autoridades incautaron: Dinero en efectivo, armas de fuego; aparatos electrónicos, vehículos, documentos y un mono capuchino en condiciones deplorables, especie en peligro de extinción.
Las intervenciones del Caso Independencia también incluyeron los centros nocturnos donde las víctimas eran obligadas a prostituirse.
Como resultado del operativo, las autoridades capturaron a nueve personas, identificadas como: Amanda del Carmen Cárcamo Estrada (líder de la red), Óscar Mauricio Estrada García; Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo, Henry Francisco Martínez de León, Ana Patricia Ramírez, Jocelyn Carolina López Ramírez, Cesia Jacoby Vásquez Ramírez, Jessica Suyapa Hernández Chacón y Mélida Martínez Maye.
Las autoridades continúan investigando para determinar si hay más implicados en esta red de explotación.