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ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), han intensificado la ofensiva contra el delito de receptación, logrando impactar en el eslabón final de la cadena de hurto de dispositivos electrónicos.
Las acciones más relevantes de este viernes se concentraron en Apopa y San Miguel, culminando una operación que en total ha logrado el decomiso de casi 500 teléfonos celulares y la captura de al menos ocho personas en distintos puntos del país.
En una acción directa contra la venta de artículos ilícitos, la FGR coordinó este viernes varios allanamientos en el municipio de Apopa. La operación se centró en trece locales comerciales que, según las investigaciones, servían como centros de recepción y distribución de teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos obtenidos de forma ilegal.
Las autoridades han determinado que estos establecimientos utilizaban la fachada de talleres de reparación de aparatos electrónicos.
Sin embargo, en la práctica, operaban como talleres clandestinos donde los dispositivos hurtados eran desarmados para la venta de piezas o recondicionados para ser reinsertados en el mercado negro, dificultando su recuperación. Los dispositivos y detenidos en Apopa serán puestos a la orden de la justicia en los próximos días.
Paralelamente, el personal de Investigaciones ejecutó un operativo en San Miguel Centro que resultó en la captura de dos individuos involucrados en la compra y venta de objetos hurtados, un golpe significativo al comercio ilícito en la zona oriental.
Las dos personas detenidas en San Miguel han sido identificadas como Ángela Yamileth Osorio Mira, de 37 años, y Jorge Eduardo Ramos Ramírez, de 35 años.
Las autoridades detallaron el material incautado a cada uno de los implicados:
Ángela Yamileth Osorio Mira: 22 celulares y 7 tablets.
Jorge Eduardo Ramos Ramírez: 26 teléfonos y 3 tablets.
Un dato relevante es la confirmación de que las tres tablets incautadas a Ramos Ramírez son parte del equipo tecnológico entregado por el Gobierno a estudiantes a través del Ministerio de Educación (MINED).
Ninguno de los capturados pudo presentar la documentación de propiedad legal de los dispositivos, por lo que serán procesados por el delito de receptación.
La acción desarrollada este viernes es la continuidad de un amplio operativo que se inició el jueves por la tarde. En esa ocasión, la FGR y la PNC centraron su esfuerzo en el Centro Histórico de San Salvador, específicamente en las áreas comerciales adyacentes al parque Libertad, incluyendo los mercados Hula Hula y Sagrado Corazón.
En la capital, la ofensiva se dirigió a capturar a comerciantes que se dedicaban a la compra de teléfonos celulares, tablets y otros artículos electrónicos que habían sido obtenidos mediante robos y hurtos.
Durante los registros efectuados, las autoridades lograron la captura de seis personas. Los detenidos fueron identificados como: Juan Carlos Bautista Pérez, Julio César Pérez Pérez, Adrián Pérez Hernández, Gregorio Antonio Pacas López, Luis Ernesto González Esquivel y Vides Hernández Erazo.
Los establecimientos allanados en San Salvador también contenían una gran cantidad de dispositivos tecnológicos, incluyendo teléfonos celulares y tablets, muchos de ellos sin el respaldo legal que justificara su posesión.
El balance acumulado de las incautaciones realizadas en San Salvador (jueves), Apopa y San Miguel (viernes), subraya la magnitud de la estructura de receptación que operaba en el país.
El resultado final de los registros ha arrojado las siguientes cifras de recuperación de bienes que se presumen provenientes del hurto:
Teléfonos Celulares: 499 unidades.
Tablets y Laptops: 19 tablets (incluyendo 8 del MINED y 3 iPads) y 6 laptops.
Otros Componentes: 1 computadora de escritorio y 756 piezas de teléfono, estas últimas confirmando el desmantelamiento de equipos.
En total, los ocho capturados en San Miguel y San Salvador, junto con todos los dispositivos incautados en las tres zonas, serán puestos a la orden de las autoridades judiciales para enfrentar el proceso penal por el delito de receptación, un flagelo que la FGR busca erradicar para reducir los incentivos del hurto callejero.