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ElSalvador—La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, como parte de los esfuerzos por modernizar el marco legal en materia de protección de datos y ciberseguridad.
La iniciativa responde a la creciente relevancia que tienen actualmente los sistemas electrónicos en el ámbito económico, político, social y cultural del país. Según las autoridades legislativas, el objetivo es mejorar los mecanismos de defensa frente a delitos cometidos a través del uso indebido de tecnologías de la información.
Uno de los principales cambios propuestos es la incorporación de nuevas definiciones en el artículo 3 de la ley, específicamente los conceptos de:
- Propietario de los datos
- Custodia de los datos
- Controlador de los datos
- Procesador de los datos
- Metadatos
Estas adiciones buscan establecer con mayor claridad las responsabilidades legales vinculadas al manejo de información digital.
Asimismo, se reformaría el artículo 11, relativo al delito de Fraude Informático. A este se le sumarían nuevas acciones delictivas, como la manipulación de configuraciones de sistemas informáticos y la inserción de instrucciones fraudulentas, las cuales serían penalizadas.
Otra modificación significativa es la adición de un tercer inciso al mismo artículo, que introduce un agravante cuando el delito sea cometido por personas que, debido a sus funciones laborales, tienen acceso legítimo a sistemas de datos. Esto incluye a quienes operan en bases de datos, plataformas de ventas, sistemas de gestión de clientes (CRM), centros de contacto, servicios basados en tecnologías blockchain, o servicios de subcontratación de procesos de negocio.
La reforma establece penas de entre 10 y 12 años de prisión para quienes usen estos sistemas con fines ilícitos, como la extracción, alteración, eliminación o falsificación de información de terceros, o cuando se otorguen beneficios no autorizados en perjuicio de los propietarios de los datos. Actualmente, la ley contempla penas de entre 6 y 10 años para las conductas descritas en los dos primeros incisos del mismo artículo.
Durante la sesión de la comisión, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas y presidenta de la instancia legislativa, señaló que la finalidad principal de la propuesta es brindar mayor protección a la ciudadanía frente a las crecientes amenazas digitales.
“Sabemos que muchas personas están sufriendo diferentes tipos de estafas y es por eso que los queremos proteger”, expresó.
Representantes de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham) también participaron en el análisis del dictamen. Karla Machón, presidenta del Comité de Call Center de AmCham, destacó que actualmente hay vacíos legales que permiten la impunidad en casos de robo de datos, lo cual afecta negativamente la confianza de los socios internacionales del país.
“Por delitos de ese tipo cometidos en años recientes, se han perdido alrededor de 5,000 empleos”, advirtió. Según Machón, la reforma podría fortalecer la reputación del país como un socio confiable en la economía digital.
“Respaldar esta reforma significa defender la confianza, fortalecer nuestra competitividad global, proteger empleos y consolidar a El Salvador como un destino sólido y moderno en la industria digital”, concluyó.
La Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos fue creada con el propósito de prevenir y sancionar conductas delictivas que afecten datos almacenados, procesados o transmitidos mediante tecnologías de la información, protegiendo derechos como la identidad, la propiedad, la intimidad y la imagen de las personas. Con estas reformas, se pretende actualizar y fortalecer su alcance frente a las nuevas amenazas tecnológicas.