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Ecuador–El Gobierno de Ecuador trasladó este lunes a los primeros 300 reclusos a la nueva prisión de máxima seguridad en Santa Elena, bautizada como Cárcel del Encuentro.
El recinto, con capacidad para 800 internos, forma parte del plan de seguridad impulsado por el presidente Daniel Noboa, que busca frenar el avance del crimen organizado y la violencia carcelaria en el país.
Las imágenes difundidas por el mandatario mostraron a decenas de presos vestidos con uniformes naranjas, la cabeza rapada y las manos atadas, rodeados por militares fuertemente armados. Las fotografías recordaron escenas vistas en el modelo penitenciario salvadoreño, fuente de inspiración para la nueva infraestructura ecuatoriana.
Ubicada en una zona aislada de Santa Elena, la prisión fue construida sobre 16 hectáreas y está equipada con sistemas de bloqueo de señal, muros perimetrales reforzados y módulos diferenciados de seguridad. Según el Gobierno, el objetivo es aislar completamente a los cabecillas de las bandas que operan desde los penales, una práctica señalada como causa de los recurrentes motines en el sistema carcelario.
El traslado de los primeros presos ocurrió apenas días después de una matanza en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, donde murieron 31 internos. Con este nuevo hecho, las víctimas de la violencia penitenciaria en Ecuador superan las 500 desde 2021, según cifras oficiales.
Entre los primeros reclusos trasladados figura el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple varias condenas por delitos de corrupción. El exfuncionario fue reubicado pese a las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había pedido al Estado ecuatoriano garantizar su integridad física y mental.
Glas, una figura cercana al expresidente Rafael Correa, fue capturado el año pasado tras el ingreso de fuerzas policiales a la Embajada de México en Quito, donde se refugiaba. En junio de 2025, fue condenado nuevamente a 13 años de prisión por peculado durante la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
El complejo penitenciario consta de tres niveles de seguridad: alta, máxima y supermáxima. En total, seis pabellones albergan 224 celdas con distintos niveles de restricción. Las autoridades aseguran que la instalación será administrada bajo un régimen estricto, con vigilancia militar permanente y control total de las comunicaciones.
El proyecto, construido por la empresa española Puentes y Calzadas Infraestructuras, tuvo un costo estimado de $52 millones. Aunque las obras aún no han concluido, el Gobierno decidió adelantar su apertura en medio de una coyuntura política clave: un referéndum impulsado por Noboa que busca permitir el regreso de bases militares extranjeras al país.
El presidente Noboa calificó la inauguración de la megacárcel como “una respuesta contundente” al crimen organizado. “El Ecuador le respondió con hechos”, declaró en sus redes sociales, aludiendo a los enfrentamientos recientes en varios penales del país.
Organismos de derechos humanos han expresado preocupación por el modelo aplicado, señalando que la política de endurecimiento penitenciario podría derivar en abusos y violaciones a las garantías fundamentales. El Gobierno, por su parte, sostiene que las medidas son necesarias para restablecer el control y garantizar la seguridad nacional.
La Cárcel del Encuentro representa el eje central de la estrategia de Noboa para recuperar la autoridad del Estado en los centros penitenciarios.
Su apertura se da en un contexto de creciente tensión social y política, marcado por la violencia criminal y el debate sobre el rumbo que tomará el país en las próximas semanas, cuando los ecuatorianos acudan a las urnas para decidir sobre el futuro de las reformas impulsadas por su gobierno.