Día a Día News
EEUU–La Administración de Donald Trump busca ampliar fuera de Estados Unidos el mecanismo para recuperar multas migratorias pendientes. Una convocatoria de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) plantea contratar a una empresa privada que pueda localizar a personas sancionadas que actualmente residen en Guatemala, México y Honduras.
El proceso está dirigido a migrantes que fueron deportados de Estados Unidos o que abandonaron el país voluntariamente, pero que mantienen obligaciones económicas derivadas de infracciones a las leyes migratorias estadounidenses. De acuerdo con los requisitos establecidos por la CBP, la compañía seleccionada tendría que contar con capacidad para identificar y ubicar a las personas fuera del territorio estadounidense.
Una vez encontrada la persona, deberá informarle sobre la existencia y el monto de la deuda y gestionar las alternativas disponibles para saldarla. Entre las opciones contempladas están el pago completo, acuerdos de pago en cuotas u otros mecanismos autorizados por las autoridades estadounidenses.
La empresa también tendría que comprobar ante la CBP que identificó correctamente al destinatario de la gestión de cobro. Para ello, podría recurrir a documentos o registros que permitan confirmar su identidad y domicilio.
La convocatoria menciona de manera específica a Guatemala, México y Honduras como los países donde la compañía deberá tener capacidad de localización, aunque el programa contempla también a personas de otras nacionalidades con sanciones migratorias pendientes.
Más de 66,000 personas tienen multas pendientes
La CBP calcula que 66,387 personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de Estados Unidos todavía tienen multas civiles sin pagar. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó en julio que el valor acumulado de esas sanciones asciende a aproximadamente US$423 millones.
El Gobierno estadounidense retomó durante el año pasado el cobro de multas civiles relacionadas con determinadas infracciones migratorias, entre ellas el incumplimiento de una orden definitiva de expulsión.
La legislación migratoria establece una sanción por permanecer en Estados Unidos después de que una orden de deportación se vuelve definitiva. El monto, establecido inicialmente en US$500 diarios en 1996, fue actualizado por inflación y actualmente puede llegar a US$998 por día.
La CBP ya trabaja con tres empresas privadas contratadas para recuperar multas y otros cargos relacionados con procesos migratorios gestionados por ICE y la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, esos servicios han operado desde territorio estadounidense. Según la información incluida en la convocatoria, hasta julio ninguna de esas compañías había conseguido localizar mediante llamadas o correspondencia a una persona con una deuda migratoria que residiera fuera de Estados Unidos.
La nueva contratación busca cubrir precisamente esa limitación y permitir que las gestiones se realicen directamente en los países donde actualmente viven los deudores.
La CBP señala que actualmente no cuenta con una empresa de cobranza contratada para operar fuera de Estados Unidos. Por ello, la convocatoria representa un intento de ampliar el alcance geográfico de la recuperación de estas sanciones.
El mecanismo planteado se centra en la localización, notificación y gestión del pago de las multas. La convocatoria no establece que la empresa privada tenga facultades para detener o deportar a las personas, sino que su función estaría vinculada al proceso de recuperación de las deudas.