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EEUU–El gobierno de Donald Trump anunció nuevas medidas para limitar la ciudadanía automática de niños nacidos en territorio estadounidense, una iniciativa enfocada en combatir el llamado “turismo de maternidad” y que abre nuevamente una disputa constitucional sobre los alcances de la Decimocuarta Enmienda.
La nueva ofensiva llega después de que la Corte Suprema rechazara el intento anterior de la administración Trump de modificar este derecho mediante una orden ejecutiva, al considerar que la medida enfrentaba obstáculos constitucionales. Trump afirmó que su gobierno busca detener los viajes de personas extranjeras que ingresan a Estados Unidos con el objetivo principal de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.
“Estamos acabando con el turismo de maternidad”, declaró el mandatario, quien también anunció mayores controles sobre visas y posibles acciones contra empresas que faciliten estos viajes.
La ciudadanía por nacimiento está reconocida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil.
El texto establece que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y bajo su jurisdicción es ciudadana del país. En la práctica, esto permite que la mayoría de los niños nacidos en territorio estadounidense obtengan la ciudadanía sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Entre las excepciones se encuentran los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados en Estados Unidos. En junio de 2026, la Corte Suprema confirmó que los hijos de personas indocumentadas o con permisos temporales también están sujetos a la jurisdicción estadounidense y mantienen el derecho a la ciudadanía desde su nacimiento.
La decisión dejó sin efecto la orden firmada por Trump al inicio de su segundo mandato, con la que buscaba negar la ciudadanía automática a hijos de migrantes sin estatus legal o con visas temporales.
La administración Trump sostiene que las nuevas medidas buscan enfocarse en casos de fraude migratorio y no eliminar de forma general la ciudadanía por nacimiento.
Sin embargo, expertos legales anticipan nuevos desafíos judiciales, debido a que la Constitución no establece una excepción relacionada con la intención del viaje de los padres.
Uno de los principales puntos de debate será cómo determinar si una persona ingresó al país específicamente para dar a luz y cómo evitar afectar a mujeres que viajaron legalmente, tuvieron una emergencia médica o enfrentaron un parto inesperado durante su estadía.
También existe incertidumbre sobre cómo se aplicarían las medidas mientras continúan los procesos judiciales y qué ocurriría con los documentos de los recién nacidos afectados por eventuales restricciones. La ciudadanía estadounidense permite a una persona obtener pasaporte, vivir y trabajar legalmente en el país, además de acceder a otros derechos al cumplir la mayoría de edad.
No obstante, que un menor obtenga la ciudadanía al nacer no otorga automáticamente un beneficio migratorio a sus padres. La nueva medida genera atención entre comunidades migrantes de América Latina, incluido El Salvador, debido a la cantidad de personas que viajan a Estados Unidos con visas de turismo, estudio o trabajo.
Aunque el anuncio no implica por ahora que todos los hijos de extranjeros perderán la ciudadanía, podría aumentar los controles migratorios, las revisiones en solicitudes de visa y las preguntas sobre el motivo de los viajes.
El gobierno de Trump argumenta que la Decimocuarta Enmienda fue creada principalmente para proteger la ciudadanía de los afroamericanos liberados tras la esclavitud y que con el tiempo su interpretación se amplió.
Sus opositores sostienen que el texto constitucional no limita la ciudadanía según la situación migratoria de los padres y que la práctica ha sido aplicada durante generaciones. La disputa ahora vuelve al escenario judicial. Mientras organizaciones defensoras de migrantes preparan nuevos recursos legales, la administración Trump mantiene que su objetivo es combatir abusos del sistema migratorio.
Por el momento, la ciudadanía por nacimiento continúa vigente en Estados Unidos y cualquier cambio dependerá de las decisiones de los tribunales sobre el alcance de las nuevas medidas.