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Guatemala–El Gobierno de Estados Unidos busca contratar una empresa privada que opere en Guatemala, México y Honduras para localizar a personas que fueron deportadas o salieron voluntariamente de territorio estadounidense y que mantienen pendientes multas o sanciones relacionadas con procesos migratorios.
La convocatoria fue publicada el 5 de agosto por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El contrato contempla que la empresa verifique la identidad y ubicación de los afectados, les comunique la existencia de las obligaciones económicas y les facilite mecanismos para realizar los pagos mediante la plataforma oficial Pay.gov.
Entre las tareas previstas también se encuentra la recopilación de documentación que permita comprobar la ubicación de cada persona. El requerimiento menciona fotografías de las viviendas, facturas de servicios públicos, constancias laborales y otros documentos que puedan servir como respaldo.
La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reforzar el cumplimiento de las disposiciones migratorias estadounidenses, incluida la aplicación y recuperación de multas civiles.
Según información incluida en la convocatoria, hasta julio de 2026 existían 66,387 personas que ya habían salido de Estados Unidos y mantenían pendientes multas, sanciones civiles u otros cobros migratorios por un monto aproximado de US$423 millones.
El Gobierno estadounidense también ha señalado que quienes no abandonen el país después de recibir una orden definitiva de deportación pueden enfrentar multas de hasta US$998 diarios, además de otras medidas migratorias.
La CBP indicó que los mecanismos utilizados anteriormente no han permitido localizar a personas con obligaciones pendientes que ya se encuentran fuera de Estados Unidos. Actualmente existen contratos con tres agencias privadas de cobranza, pero estas operan dentro del territorio estadounidense.
La nueva contratación pretende ampliar esa capacidad hacia otros países, comenzando por Guatemala, México y Honduras.
El alcance de la medida ha generado dudas entre especialistas en migración, particularmente sobre la posibilidad de hacer efectivo el cobro de esas sanciones dentro de Guatemala.
El analista Pedro Pablo Solares explicó que una empresa privada podría localizar a una persona, verificar su identidad y comunicarle que mantiene una obligación con el Gobierno estadounidense, pero esto no significa que pueda ejecutar el cobro directamente ante los tribunales guatemaltecos.
Según Solares, para intentar hacer efectivo un cobro en Guatemala tendría que existir un mecanismo jurídico que permita reconocer y ejecutar la resolución extranjera, situación que considera compleja cuando se trata de sanciones impuestas por autoridades migratorias estadounidenses.
También cuestionó la eventual recopilación de información personal y fotografías de viviendas. A su juicio, cualquier actuación de una empresa privada tendría que ajustarse a las leyes guatemaltecas y no podría asumir facultades propias de las autoridades nacionales.
El analista Fernando Castro señaló que uno de los principales problemas es que algunos migrantes podrían desconocer que existe una orden definitiva de deportación o una sanción económica en su contra.
Castro recomendó que quienes reciban comunicaciones del Gobierno estadounidense busquen asesoría legal antes de realizar cualquier pago o asumir que la deuda es necesariamente exigible. En determinados casos, explicó, podría ser posible revisar el procedimiento si la persona nunca fue debidamente notificada para comparecer ante un juez de inmigración.
Los especialistas también alertaron sobre el riesgo de que personas deportadas sean víctimas de estafas debido al desconocimiento de los procedimientos oficiales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que, hasta la fecha, no ha recibido una comunicación oficial de Estados Unidos sobre el programa.
La Cancillería indicó que, por esa razón, todavía no puede establecer una posición sobre el alcance de la iniciativa y que realizará el análisis correspondiente cuando reciba información oficial.
El programa estadounidense plantea así un nuevo mecanismo para intentar localizar fuera de su territorio a personas con obligaciones migratorias pendientes, pero su eventual aplicación en Guatemala dependerá, entre otros factores, de los límites que establezca la legislación nacional y de los mecanismos legales disponibles para reconocer o ejecutar este tipo de sanciones.